Tras la aprobación de la ley N° 904, que propone que las organizaciones civiles de padres de familia inscritas en los registros públicos puedan interceder en la elaboración de textos escolares, el Foro Educativo ha anunciado que acudirá al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional para que la norma no entre en vigencia.
Esto luego que el presidente Pedro Castillo no haya observado la norma dentro del plazo establecido, el cual vencía el pasado 15 de junio. La Defensoría del Pueblo, el Foro Educativo, como el Consejo Nacional de Educación (CNE) y otros colectivos ciudadanos y gremios estudiantiles, lamentaron la inactividad del mandatario.
El presidente de Foro Educativo, Severo Cuba, anunció que junto a otras organizaciones acudirán al Poder Judicial (PJ) y al Tribunal Constitucional (TC) a presentar demandas de amparo y medidas cautelares para frenar esta iniciativa.
“Algunas agrupaciones, con ayuda de congresistas, están entrando por la ventana a hacer una reforma conservadora. Quieren implantar una suerte de inquisición para determinar qué deben aprender los escolares. Se están metiendo con los hijos de todos los peruanos. Y debemos recordarles que estamos en una república, en un Estado laico y no en una teocracia”, aseveró a La República.
“No es posible que grupos con ideas fundamentalistas sean los que actúen como ‘censores’ de los textos escolares, como una suerte de inquisición. Se están metiendo con los hijos de todos los peruanos”, dijo.
NORMA PODRÍA SER PROMULGADA POR LA PRESIDENTA DEL CONGRESO
Que la norma no haya sido observada implica que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, puede promulgar el Proyecto de Ley N° 904-2021, impulsado por Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y por una facción de Acción Popular y Alianza para el Progreso.
“Este sería un peligroso precedente para todas las políticas públicas, pues se institucionalizaría un derecho a veto por parte de personas con creencias y prejuicios religiosos. Además, se desconocería el rol rector del Minedu para definir la política pedagógica nacional; y sobre todo lo limitaría en la definición de los contenidos educativos”, denunciaron las instituciones.
Además, la presidenta del CNE, María Amelia Palacios, señaló sentirse decepcionada porque el ministro Rosendo Serna había indicado que iban a observar la controvertida propuesta. “No solo reduce la facultad del Minedu, sino que sus funcionarios podrán recibir sanciones y hasta ser destituidos si no aceptan la opinión imperativa de los padres”, dijo.
Dijo que esta “revisión” de los padres impediría que los libros lleguen oportunamente a los 6 millones de alumnos de colegios públicos. “Será un proceso largo por la consulta a cada grupo de padres”, afirmó.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDIÓ AL CONGRESO QUE NO PROMULGUEN LA LEY
El pasado 25 de mayo, la autógrafa de ley fue enviada al Despacho Presidencial, tras ser aprobada en el pleno del Congreso de la República. Había sido aprobada el 7 de mayo en el Pleno del Congreso con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, y quedó exonerada de la segunda votación, con 91 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones.
La Defensoría del Pueblo también se mostró en contra de esta ley y aseveró que se está dando la espalda a los duros problemas que afectan a la niñez y adolescencia, como el embarazo precoz, la violencia sexual y la discriminación.
“Esto ocurre cuando a la fecha se han atendido más de 2.283 casos de violación de menores y cuando se han registrado 518 nacimientos en madres de 0 a 14 años”, señalaron en un pronunciamiento.
Por eso, la entidad pidió al Congreso de la República que no promulgue esa norma, considerando que el 82% de peruanos está a favor de la educación sexual, según la encuesta del IEP.
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