Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso archivar denuncia contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso el archivamiento de la denuncia constitucional presentada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra Manuel Merino y los exministros Antero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, quienes fueron acusados por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez durante las manifestaciones en noviembre del 2020.

Inicialmente, hubo un empate de votos entre los congresistas que estaban a favor y en contra del informe del congresista Alejandro Cavero (Avanza País), ponente del caso. Por esa razón, Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso) tuvo que dirimir en su condición de titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así, apoyó archivar la denuncia contra Merino, Flores Aráoz y Rodríguez.

Con esta decisión, el Ministerio Público estará impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”. Estos fueron acusados por haber cometido los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.

Durante la sesión, el congresista Cavero desacreditó el informe de Luis Naldos, jefe de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, quien señaló que hubo violencia excesiva de la Policía Nacional durante las protestas de noviembre del 2020. Alegó como un argumento que Naldos era abogado y no contaba con alguna especialidad en operativos policiales.

En esa línea, el parlamentario enfatizó que la institucional policial no usa perdigones de goma hace más de 15 años, ni se ha encontrado evidencia de órdenes de compra de la institución en tal sentido. Además, agregó que los efectivos comenzaron a replegarse frente a los manifestantes. Indicó que no tendrían ninguna responsabilidad en el lanzamiento de los perdigones que impactaron contra los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes terminaron perdiendo la vida.

“Inti y Bryan fallecen en momentos distintos. La Policía se encontraba, en el caso de Inti, replegada a más de 40 metros de distancia. La distancia haría poco probable, además alegando que la Policía Nacional no cuenta con perdigones, que la Policía haya podido disparar”, sostuvo Cavero.

El integrante de Avanza País añadió que ni Manuel Merino y sus exministros Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez carecían de información sobre lo que sucedía en el país cuando asumieron sus cargos. “¿Algunos de los tres imputados pudo haber ejercido una injerencia directa en la Policía? La respuesta es negativa. Los imputados no tuvieron control operativo. Esto ha sido ratificado por los comandantes que acudieron a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, agregó.

“No se ha encontrado evidencia que vincule a los imputados a un proceder indebido. No existe evidencia que las lesiones de los manifestantes fueran producidas por la Policía. Los imputados no podrían ser responsables”, finalizó Cavero.

En respuesta, congresistas de otras bancadas hicieron notar las incongruencias en el informe del parlamentario de Avanza País. Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) enfatizó que existía un encubrimiento para Merino y, además, resaltó que no se valoraron las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Por su lado, Ruth Luque (Cambio Democrático) cuestionó que Cavero haya asumido un papel de juez para anular pruebas contra su informe. “Incluso determina qué pruebas valen, cuando es el Ministerio Público quien determina la validez. En el procedimiento ni siquiera los deudos de las víctimas fueron invitados”, mencionó.

Sigrid Bazán (Cambio Democrático) agregó que Cavero omitió en su informe que Merino y los altos mandos de la Policía Nacional se reunieron en la noche del 14 de noviembre. “Se está pasando por alto que hubo una reunión el 14 de noviembre donde asistieron altos mandos policiales. ¿De qué conversaron Merino, el ministro y los altos mandos policiales?”, apuntó.

Antes de que se diera el blindaje a Merino en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, los familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado rechazaron el informe de Alejandro Cavero. Por medio de un documento publicado por el estudio Arbizu & Gamarra, defensa de los familiares y víctimas del 14N, se exhortó al Estado y al Congreso a “respetar los derechos humanos y garantizar que los ejercicios de dichos derechos sean respetados”.

“Me permito recordar al Congreso las obligaciones adquiridas por el Estado en sede internacional y exhortar al cumplimiento de su deber de cooperación con la justicia, y señalar que compete a la autoridad facilitarme el acceso, oírme y permitir mi participación activa y eficaz en cuanta investigación o denuncia penal civil o congresal se genere”, se lee en el documento.