La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley en el que se plantea que, tanto en elecciones generales como regionales y municipales, las personas que se encuentran privadas de su libertad, en calidad de procesadas y sin sentencia, pueden llegar a ejercer su voto desde los centros penitenciarios.
Asimismo, la iniciativa legislativa cuyo autor es el congresista Edwin Martínez, tiene el propósito de modificar los artículos 65 y 239 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley n.º 26859). De este modo para se permitiría que los detenidos sin condena puedan participar de los comicios. De acuerdo con el oficio en el que se basa el proyecto de ley, los internos penitenciarios no condenados son ciudadanos con derecho al voto.
Por otro lado, el PL plantea también que las personas internadas en establecimientos de salud o con alguna discapacidad física puedan manifestar su preferencia desde el hospital o domicilio, acudiendo a la coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“(Sobre el voto de personas detenidas) Tal incorporación al derecho al voto en el lugar donde se encuentren es restablecer el derecho ciudadano”, precisa el parlamentario.
Asimismo, agrega que esta medida brinda muchas facilidades a las personas con discapacidad e implementa “de forma progresiva el voto postal con las condiciones que garantice el voto secreto con recepción y entrega oportuna por la autoridad electoral”.
“Los beneficios son relevantes en la medida que se viene ampliando el derecho al voto conforme lo dispone la Constitución Política del Perú, fortalecerá la democracia con la participación de los internos sin sentencia, hospitalizados que se encuentren en los centros de salud u hospitales, y generar la disminución del ausentismo en las elecciones generales, Regionales y Locales, y consultas populares, conforme a la estadística de la ONPE”. se lee en la parte final del documento sobre los beneficios de esta propuesta.
ELECCIONES 2021
El pleno del Congreso archivó durante el pasado miércoles el informe por parte de la comisión multipartidaria que investigó supuestas irregularidades en las elecciones generales del año 2021 y recomendaba denunciar a autoridades del JNE.
Con un total de 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones, se logró desestimar el documento sustentado por Jorge Montoya, legislador de la bacanda Renovación Popular y presidente del grupo de trabajo.
En el informe se hizo la sugerencia de denunciar constitucional y penalmente a Jorge Salas Arenas, quien es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y a otros representantes del organismo por varias decisiones de función.
Por otro lado, se planteó denunciar también a integrantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro y a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, por su declinación al cargo del miembro titular del pleno del organismo electoral.
Montoya Manrique mencionó que el Perú ingresó a un “proceso de desmoramiento y de desgobierno”, añadiendo que las autoridades que pertenecen al JNE actuaron de forma ilegal en los últimos comicios, vulnerando el artículo 181 de la Constitución.
Cabe resaltar que durante la sesión plenaria, también se rechazó un informe en minoría respecto al mismo tema, suscrito por la parlamentaria Sigrid Bazán, de la bancada izquierdista de Cambio Democrático. De este modo, el resultado fue 45 votos a favor, 49 en contra y 17 abstenciones.
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