El exministro Juan Silva, sigue prófugo de la justicia desde hace diez días. Su caso ha cuestionado la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la del ministro del Interior, Dimitri Senmache. Así, el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, anunció que su bancada está planeando censurar al funcionario. Pero la razón no solo está en el caso del extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino también por el de los sobrinos del presidente Pedro Castillo y el exsecretario general Bruno Pacheco.
El parlamentario Aguinaga expuso esto durante el debate de parlamentarios el jueves pasado, cuando el ministro fue llamado al pleno del Congreso de la República a explicar las acciones tomadas en el caso de Silva Villegas. Así, enfatizó en la lentitud de su labor para capturar a los prófugos de la justicia, por lo que aseguró que buscarán su salida del Ministerio del Interior.
“Vemos que hay lentitud, pasividad y mucha mirada al costado y se escapan los delincuentes. Ojalá que en los próximos días se logre la captura de estos delincuentes y esperamos que así sea. Esta responsabilidad política nos obliga, como la primera bancada de este Congreso de la República, a pedir su censura”, manifestó.
Aguinaga Recuenco instó al ministro Senmache a que asuma su responsabilidad como alto funcionario de Estado y no busque “culpas ajenas” por la fuga de Silva Villegas.
“Como ministro debe saber asumir sus responsabilidades. Queremos seguir expresando nuestra extrañeza por esta situación, por eso hay que recalcarle al ministro que tiene que estar dispuesto a asumir sus responsabilidades, no a quitarle el cuerpo a sus responsabilidades o buscando culpas ajenas”, señaló.
Desde un primer momento, la justificación al caso siempre ha sido, por parte de Sanmache y la Policía, que la disposición judicial solo mencionaba la videovigilancia - pero no el seguimiento. Lo mismo dijo el titular del Interior, durante su exposición en el Pleno.
“Yo leo la disposición fiscal y sus disposiciones, y en ningún momento encuentro que se haga señalamiento expreso de la medida de seguimiento. No es que uno quiera ser totalmente purista o legalista, pero existe durante todo el año 2021 y 2022 distintas disposiciones que realiza el Ministerio Público que son expresas”, justificó.
Se recuerda que Silva está siendo actualmente investigado por la Fiscalía de la Nación y se le han atribuido los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado. El pasado 27 de mayo se ordenó la videovigilancia del mismo, pero se ha cuestionado si la PNP actuó efectivamente desde entonces.
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MINISTRO DEL INTERIOR SE PRESENTÓ EN EL CONGRESO
El jueves 16 de junio, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, se presentó al pleno del Congreso para explicar las labores de la Policía Nacional y su sector para capturar a todos los prófugos de la justicia. Sostuvo que desde el 27 de mayo, la PNP ejecutó la medida de videovigilancia a Silva; sin embargo, precisó que no incluía la orden de seguimiento.
“La policía enmarca sus funciones dentro del marco de la ley, no puede hacer algo que la ley impide, ni interpretar normas, sino que sigue acciones que el juez o fiscal señala”, aseveró.
Además, indicó que por una estrategia fiscal, la resolución de detención preliminar por 15 días contra el exministro fue notificada a la Policía Nacional el 6 de junio, fecha en la que Silva debía rendir declaración ante el Ministerio Público, pero no se presentó.
También detalló que hasta la fecha se han allanado 9 domicilios, todos con mandato judicial, para ubicar al exministro Silva.
SOBRE EL CONFLICTO DE ATICO
El ministro también explicó las acciones que se han tomado en la zona minera de Atico, provincia de Caravelí, en la región Arequipa, donde se desarrolla un conflicto violento. Así, señaló que desde el último domingo, la Policía Nacional ha tomado el control de la zona donde se produjeron enfrentamientos que dejaron 14 personas fallecidas.
Indicó que la muerte de las 14 personas ocurrió el 2 de junio y que posterior a esa fecha no se registró ningún otro homicidio.
Precisó que su presencia en la zona no fue para resolver el tema de uso de tierras, sino restablecer el orden y recuperar el control. Fueron 90 efectivos, 40 de la Diroes y 50 de distintas unidades especializadas de la PNP y el domingo por la noche tomaron el control de los dos cerros ocupados por los grupos Calpa Renace y Atico Calpa, cuya creación fue promovida por la empresa minera.
También explicó que el conflicto se origina desde el 2014, cuando se suspende la concesión de la Minera Inti Gold Mining. Este hecho habría propiciado la aparición de dos grupos que terminan enfrentándose por el control del territorio.
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