Jorge Montoya dice estar decepcionado luego de que el Congreso rechazara informe final de la ‘Comisión del fraude’

Casi nueve meses después de haberse instalado la Comisión investigadora del proceso de elecciones generales 2021, el Congreso de la república decidió mandar al archivo el informe final presentado ante el pleno. El presidente del mencionado grupo de trabajo, Jorge Montoya, utilizó sus redes sociales para mostrar su rechazo a lo acordado por la representación nacional la noche del miércoles.

El representante de Renovación Popular señaló sentirse honrado de haber presidido una comisión que en un inicio contó con el respaldo mayoritario del Congreso, pero indicó que “no es gratis” su envío al archivo. El grupo de trabajo fue bautizado popularmente como la ‘Comisión del fraude’ por su intento de encontrar irregularidades en el más reciente proceso electoral que demuestren que el presidente Pedro Castillo no ganó limpiamente.

“Acá seguimos evidenciando los partidos políticos que utilizan su poder “relativo” y “temporal” juegan en pared y se congracian con el lado oscuro de las instituciones que se burlaron del voto popular”, dijo el parlamentario que a fines de mayo calificó de nula e ilegítima la elección del presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. Este señaló que no se les debió permitir participar del proceso electoral.

Luego de que su informe haya sido rechazado con 55 votos en contra, el congresista Montoya aseguró que el Congreso existe un grado de obediencia política. Las únicas bancadas que votaron a favor fueron Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País con los votos de Roberto Chiabra (APP) y José Arriola (Acción Popular).

POLÉMICA COMISIÓN

Si bien las conclusiones de la Comisión investigadora del proceso de elecciones generales 2021 señalaba que Dina Boluarte no debió participar de las elecciones por no haber renunciado a su cargo en el Reniec o que el Jurado especial electoral intentó favorecer al entonces candidato Pedro Castillo, el informe llamó la atención por las recomendaciones brindadas a los organismos electorales.

“Ahora le toca al Congreso aprobar las recomendaciones para que los organismos encargados inicien las investigaciones y, de encontrar pruebas y culpas, sean sancionados con todo el peso de la ley los directos responsables en JNE, ONPE y otros”, señaló Montoya días después de haber sustentado su informe ante el pleno a fines de mayo. “La verdad siempre sale a la luz, es cuestión de tener fe y paciencia”, concluyó.

Sin embargo, el hecho que más llamó la atención fue la forma en que el presupuesto asignado fue dividido. De los S/ 216.347,67, el 75% fue destinado al pago de los asesores Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén. El primero, quien ya había participado en la Comisión Lava Jato, recibió S/ 83.257,51 mientras que Salas, militante de Renovación Popular, S/ 80.149,99.

Por su parte, la congresista Susel Paredes catalogó como “fraude” al controversial grupo de trabajo luego de que el informe presentado no concluyera si verdaderamente existió una vulneración del voto popular en las elecciones generales del año pasado. En el documento presentado solo se dan cuenta de cuestionamientos resueltos en el proceso y recomendaciones para futuras votaciones.

“No votaron muertos. La misma gente que dice les han falsificado su firma dicen ‘es mi firma’. ¿Saben qué es un fraude? Esta comisión es un fraude. (…) Porque se ha gastado un montón de plata y no se ha podido concluir nada determinante”, dijo Paredes desde el pleno generando el rechazo de los involucrados en el mencionado grupo de trabajo.

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