Un informe de la Fiscalía de la Nación comprobó que la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de su Dirección contra la Corrupción, no cumplió con la labor de videovigilancia al exministro Juan Silva. Así, afirmaron que esto habría generado que no pudieran ubicar al exfuncionario y lograra fugarse.
Como se sabe, el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se ha mantenido prófugo desde el 7 de junio, cuando no se le pudo ubicar tras dictarse la orden de detención preliminar. La justificación del ministro del Interior, Dimitri Senmache, fue que el proceso de videovigilancia solicitado por la fiscalía no implicaba hacer un seguimiento. Lo mismo sostuvo el jefe de la Dirección contra la Corrupción de la PNP, el general Freddy López Mendoza.
Sin embargo, un informe del fiscal adjunto supremo Samuel Rojas Chávez, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, indicaría lo contrario.
En el documento enviado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, Rojas le explica que el 27 de mayo recibió al jefe de la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), coronel Enrique Huasasquiche López, y al comandante PNP Vladimir Bellota Rojas. Con ellos, dialogó sobre la estrategia de videovigilancia, la cual se terminó ordenando el mismo día.
Los oficiales le indicaron que “estaban en condiciones de asumir la ejecución de la medida” y que la parte operativa se iba a realizar en coordinación con la División de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia (Dirin). El oficio del fiscal Rojas señala que mantuvo comunicación con Huasasquiche, desde que se dio la disposición, para solicitarle información sobre el paradero del exministro y por dónde se desplazaba.
Sin embargo, el fiscal adjunto supremo indica que en las respuestas de la policía, “se nos informaba que no lo tenían ubicado físicamente, pero que estaban realizando un seguimiento digital al objetivo”, el cual “era un procedimiento de inteligencia”.
El texto expresa que “la limitante de este procedimiento de inteligencia radicaba en la inexactitud de la información sobre la ubicación real” del exministro, ya que “el nivel de precisión se restringía, como se nos señalaba, a un rango de ocho manzanas”.
Al no recibir un informe escrito sobre el resultado de la videovigilancia, así como por la decisión de pedir la detención preliminar de Silva, el 3 de junio se requirió “verbalmente a la autoridad policial” que presente un informe sobre la videovigilancia. Al día siguiente llegó el oficio policial, pero solo reportaron acciones de verificación de inmuebles con fotos del 3 y 4 de junio.
“Hasta la culminación de las presentes diligencias, no se ha advertido la presencia física del investigado”, se decía en el informe policial; lo cual certifica que no se conocía la ubicación de Juan Silva desde inicios del mes de junio.Esto pese a que el fiscal había conversado con los encargados para que se siguieran sus movimientos y que la orden se dictó desde el 27 de mayo.
Ante esto, Rojas consideró que las “acciones de inteligencia ineficaces” complicaban un pedido de allanamiento de inmuebles de Silva, por lo que el 4 de junio la fiscalía solicitó al Poder Judicial la detención preliminar del exministro. Ese mismo día, el juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó que se le detenga.
La fiscalía había planificado también citarlo el 6 de junio para que ampliara su declaración sobre la investigación, pero con “la expectativa real de lograr la orden de detención preliminar”. El exfuncionario no llegó y el fiscal Rojas citó a su despacho al coronel Huasasquiche, para informarle sobre la detención de Silva.
Ese día, Rojas también “requirió por escrito que se informe detalladamente sobre la ejecución de la medida”, porque no había recibido información reciente de la videovigilancia.
Se sabe que las últimas veces que Juan Silva fue visto públicamente fueron el 24 de mayo, cuando asistió a la Comisión de Fiscalización del Congreso, y el 1 de junio, en una entrevista en vivo con radio Exitosa. Además, el 6 de junio había solicitado que le retiraran el resguardo policial que le correspondía como exministro; pero, según el documento, el fiscal Rojas no fue informado al respecto por la Dircocor. Señaló que se enteró de este pedido a través de información pública.
El 7 de junio, el despacho del fiscal de la Nación formalizó ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria la orden de ubicación y captura de Juan Silva, ya que la División de Investigación de Delitos de Corrupción vinculados a Crimen Organizado de la Dircocor “se encontraba en imposibilidad operativa” de cumplir la orden de detención del Poder Judicial.
Finalmente, Rojas recalca en su informe que, desde que se iniciaron las coordinaciones con la policía, “era evidente que se podían suscitar circunstancias que podrían afectar la efectividad de los actos de investigación y de aseguramiento procesal” de los implicados. Esto especialmente porque el presidente Pedro Castillo “funcionalmente es el jefe supremo de las fuerzas policiales”.
Así, el fiscal adjunto supremo concluye que “se decidió compartimentar la información que se suministraba a la autoridad policial, limitando su acceso”, dándole responsabilidades concretas; pero estas “no fueron debidamente cumplidas”.
VIDEO RECOMENDADO: MINISTRO DE JUSTICIA OPINA SOBRE POSIBLE RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE MINISTRO DEL INTERIOR EN CASO JUAN SILVA
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