El Consejo Nacional de Educación ha pedido al poder ejecutivo que observe el proyecto de ley N° 904, el cual propone que las organizaciones civiles de padres de familia inscritas en los registros públicos puedan interceder en la elaboración de textos escolares. Consideran que esto sería un gran retroceso para las políticas del enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios.
“Lo que estamos esperando es, justamente, que el Ejecutivo observe esta ley, el proyecto de ley 904, que realmente implica un retroceso con respecto a la posibilidad de materializar y lograr los propósitos del proyecto educativo nacional”, expresó la vicepresidenta del consejo, Patricia Arregui.
“Este proyecto, lo que propone es movilizar a los padres de familia y convertirlos en veedores de la elaboración de materiales educativos, que participen activamente”, explicó.
Como se recuerda, el pasado 25 de mayo, la autógrafa de ley fue enviada al Despacho Presidencial, tras ser aprobada en el pleno del Congreso de la República. Esta contempla que no solo las APAFAS participen en la elaboración de textos escolares, sino que también se incluye las asociaciones civiles de padres inscritos en los registros públicos.
La norma había sido aprobada el 7 de mayo en el Pleno del Congreso con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, y quedó exonerada de la segunda votación, con 91 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones.
Según el Consejo Nacional de la Educación, ellos podrían vetar los contenidos de los textos escolares.
“(Podrían) vetar la publicación de ciertos textos con los cuales, por razones religiosas o culturales, tienen alguna discrepancia. El problema es que no todos los padres van a poder participar en esto y se va a imponer la visión de algunos sectores organizados que tienen visiones conservadoras”, señaló Arregui.
Según el artículo 108° de la Constitución, el jefe de Estado tenía 15 días hábiles para observarla. El plazo para observar la norma vencía el miércoles 15 de junio.
OTRAS INSTITUCIONES SE PRONUNCIARON EN CONTRA
Desde que se aprobó esta ley en el Pleno del Congreso, otras instituciones públicas también se han pronunciado en contra y han exigido al poder ejecutivo que la observe.
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, reafirmó su postura contra la aprobación del dictamen del proyecto de ley 904/2021-CR. Consideró que la norma “limita las competencias del Ministerio de Educación para la elaboración de los materiales, textos y recursos educativos y pretende erradicar el enfoque de género en el Currículo Escolar”.
“(...) en esa reforma entra la injerencia de otros sectores en los materiales y contenidos, en los programas del Minedu. Yo creo también que esto afecta nuestra rectoría. Yo voto por observar la legislación. Espero tener el apoyo del Consejo de Ministros y del presidente”, indicó el 7 de mayo.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció en contra de la norma el 7 de mayo.
“El Estado está obligado a implementar la ESI en el entorno escolar, sin injerencia alguna que impida que las/os estudiantes accedan a ella y según lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos del Niño. (...) En consecuencia, solicitamos al Presidente de la República que observe la propuesta normativa recientemente aprobada y solicite su archivamiento”, señalaron en un pronunciamiento.
También se volvió a pronunciar el 9 de junio, recordando “al Poder Ejecutivo la necesidad de observar la autógrafa de proyecto de Ley n.° 094/2021-CR, que condiciona la publicación de materiales educativos al consentimiento de madres y padres”, en Twitter.
Otras instituciones como el Poder Judicial, el Colegio de Profesores del Perú e incluso la UNESCO han rechazado esta propuesta.
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