Congresistas piden dejar sin efecto ampliación de legislatura dispuesta por María del Carmen Alva

La moción de orden del día fue presentada por la representante del Partido Morado, la congresista Flor Pablo.

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Durante las próximas tres semanas se debatiría el retorno al sistema bicameral.
Durante las próximas tres semanas se debatiría el retorno al sistema bicameral.

Luego de que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunciara la ampliación de la legislatura hasta el ocho de julio un grupo de congresistas, liderados por Flor Pablo, presentaron una moción de orden del día para dejar sin efecto la medida anunciada ayer. Entre los temas a tratar durante las próximas tres semanas, se encontraría el debate de reforma constitucional para el retorno del sistema bicameral.

El objetivo de la ampliación de la legislatura es aprobar el dictamen recaído en los proyectos de ley que modifican más de 50 artículos de la Constitución, reestablece la bicameralidad y la reelección de congresistas haciendo una reforma de un porcentaje importante de artículos, atacando el corazón de la propia Constitución de 1993 y desconociendo la decisión popular del referéndum”, se advierte en la moción.

La moción presentada que cuenta con 17 firmas da cuenta de la velocidad con la que se ha aprobado el dictamen en la Comisión de Constitución. El grupo de trabajo presidido por la fujimorista Patricia Juárez tardó apenas tres sesiones para la sustentación, debate y aprobación de la medida que ahora solo espera su debate y aprobación en el pleno del Congreso para ser derivado al Poder Ejecutivo.

La Comisión de Constitución está presidida por la congresista Patricia Juárez. Foto: Andina
La Comisión de Constitución está presidida por la congresista Patricia Juárez. Foto: Andina

El debate de una reforma tan importante requiere un proceso de deliberación que no se agota en la reflexión de modificaciones al diseño del Parlamento, dado que el fortalecimiento de nuestro sistema político requiere una reforma integral del sistema de partidos, el sistema electoral, régimen político, relaciones Ejecutivo-Legislativo y de los mecanismos de control constitucional”, señala el texto presentado.

Con el fin de propiciar un debate más extenso es que los congresistas de Libre, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Cambio Democrático, Bloque Magisterial y no agrupados del Partido Morado proponen que se anule lo dispuesto por la presidenta del Congreso.

Durante las próximas tres semanas, el pleno discutirá los siguientes temas:

-Dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en la agenda del Pleno del Congreso al 15 de junio de 2022.

-Dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa y otros asuntos que se incluyan en la Agenda del Pleno del Congreso, por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

-Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia.

-Denuncias constitucionales aprobadas por la Comisión Permanente.

-Delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente del Congreso.

CONTROVERSIAL PROPUESTA

La Asociación Civil Transparencia llamó a un mayor debate y reflexión al Congreso de la República sobre la reciente aprobación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que restablece el sistema bicameral a este poder del Estado después de dos décadas. Esto porque podrían presentarse “aspectos problemáticos o incoherencias en el texto propuesto”.

En un comunicado, difundido en sus redes sociales, saludaron la iniciativa porque “puede ayudar a mejorar la representación política, así como la labor parlamentaria y legislativa, y establecer contrapesos e incentivos para la cooperación entre los poderes y organismos constitucionales”. Sin embargo, también enfatizaron en que habrán modificaciones en 50 artículos de la Constitución.

La organización también agregó que, al no establecerse una definición de “infracción a la Constitución”, esta figura podría ser una “fuente de arbitrariedad, afectando el derecho al debido proceso”. “Resulta muy peligroso extender su aplicación a instituciones como las autoridades del sistema electoral, pues esto puede afectar su necesaria autonomía. De otro lado, la eliminación de la participación del Ejecutivo en la elección del contralor general de la República reduce los incentivos a la búsqueda de los consensos que dicha selección demanda”, expuso.

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