Bloque magisterial cuestiona la aprobación de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte

La bancada del Bloque Magisterial, cuyo integrantes son los profesores que acompañaron al presidente Pedro Castillo en las marchas de 2017, cuestionó que ayer se haya aprobado la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Indicaron, además, que hay una hoja de ruta para acelerar la vacancia del presidente Pedro Castillo a partir de los chats publicadas de la titular del Congreso, María del Carmen Alva, en los últimos días.

“Para los integrantes del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, es evidente que existe una hoja de ruta para vacar al presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. La hoja de ruta es de público conocimiento. Esto en referencia a los audios divulgados por Hildebrandt en sus trece, en los que se menciona estrategias para promover la vacancia presidencia”, dijo la bancada. Además, enfatizaron en su posición de no respaldar las denuncias contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

El grupo de los profesores aseguró que, desde el 29 de julio, Boluarte Zegarra dejó de ejercer la representación legal como presidenta del Club Departamental Apurímac para realizar las funciones correspondientes a sus puestos dentro del Gobierno. También rechazó que estén buscando dilatar el debate de la denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por una presunta traición a la patria.

“No es cierto que se faltó con la consigna de evitar el quórum o dilatar los plazos, lo cierto es que la comisión pretende agendar, en el marco de la semana de representación, sesiones importantes, sabiendo que estamos en provincia, lo que nos perjudica”, explicó.

Tanto el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte enfrentan situaciones complicados.

Por un lado, el jefe de Estado afronta investigaciones en el Ministerio Público y el Congreso de la República. El 29 de mayo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III, donde están incluidos el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de ‘Los Niños’, están involucrados por la declaración de la lobista Karelim López.

Su abogado, Benji Espinoza, presentó un recurso para anular la investigación. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez rechazó la solicitud a fin de dejar sin efecto la decisión adoptada por el titular del Ministerio Público.

La defensa de Castillo Terrones, mencionó que los argumentos del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, “violan el artículo 117 de la Constitución”. Señaló también que la interpretación que se le ha dado a la norma es demasiado literal.

Luego de este fallo, el letrado Benji Espinoza interpuso un recurso de tutela de derechos ante el Poder Judicial para evitar la investigación contra el presidente Castillo. Además, adelantó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).

Por su parte, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró hoy procedente el informe de calificación contra la vicepresidenta Dina Boluarte por haber infringido el articulo 126 de la Constitución al omitir ante la Contraloría General de la República que era representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Ejecutivo en su calidad de ministra de Estado desde el año pasado.

Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se aprobaron las denuncias constitucionales 268 y 269, presentadas por Renovación Popular y Avanza País, contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, el siguiente paso es que toda la documentación pase a la Comisión Permanente, donde se deberá votar para designar a un congresista de la subcomisión e inicie la investigación contra Boluarte. Ella deberá ser citada para que brinde sus descargos junto a su abogado.

Luego, la subcomisión tendrá que elaborar un informe sobre el caso de la vicepresidenta que retornará a la Comisión Permanente, donde se votará si procede o no la denuncia por infracción a la Constitución. Finalmente, todo se elevará al Pleno del Congreso, donde se necesitaría el 2/3 de votos de los congresistas hábiles en la sesión.

Los 32 miembros de la Comisión Permanente no votarían, por lo cual quedarían 98 parlamentarios. De esta cifra, 65 podrían aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte, quien sería destituida como ministra e inhabilitada por diez años de la función pública por infringir el articulo 126 de la Constitución.