Alejandro Salas sobre el caso Dina Boluarte: “Denuncia constitucional obedece a una estrategia política”

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, consideró como “una estrategia política” la denuncia constitucional aprobada ayer contra la vicepresidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que podría acabar en su destitución e inhabilitación por diez años al haber omitido que era representante legal del Club Departamental Apurímac.

“Lo que se pretende al tratar de inhabilitarla es que el país se quede sin vicepresidenta (…) Obedece a una estrategia política, eso está absolutamente claro. No podemos decir o evidenciar otra situación así si quisiera porque lo que se pretende es debilitar al Poder Ejecutivo desde uno u otro ángulo”, indicó en diálogo con Canal N.

En esa línea, el miembro del Gabinete Ministerial indicó que en el Parlamento no importan si hay argumentos jurídicos o no sobre el caso de Boluarte, sino hay los suficientes votos para vacarla del cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

“Ahora se ha encontrado un motivo que, para mí, es absolutamente infundado desde el punto de vista jurídico y constitucional. Sin embargo, lo que prima en el Congreso de la República no son los argumentos jurídicos y constitucionales, sino lo que prima son los votos”, apuntó Salas.

“El tema de la señora Boluarte seguramente es una candidez, seguramente pudo haberse evitado para no generar estas interpretaciones que le están haciendo daño constitucionalmente hablando. Inhabilitar a una persona para poder ejercer un cargo público es un tema muy delicado. Estás dejando sin trabajo a una persona, sean cinco o diez años”, zanjó.

Ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente el informe de calificación contra la vicepresidenta Dina Boluarte por haber infringido el articulo 126 de la Constitución al omitir ante la Contraloría General de la República que era representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Ejecutivo en su calidad de ministra de Estado desde el año pasado.

Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se aprobaron las denuncias constitucionales 268 y 269, presentadas por Renovación Popular y Avanza País, contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, el siguiente paso es que toda la documentación pase a la Comisión Permanente, donde se deberá votar para designar a un congresista de la subcomisión e inicie la investigación contra Boluarte. Ella deberá ser citada para que brinde sus descargos junto a su abogado.

Luego, la subcomisión tendrá que elaborar un informe sobre el caso de la vicepresidenta que retornará a la Comisión Permanente, donde se votará si procede o no la denuncia por infracción a la Constitución. Finalmente, todo se elevará al Pleno del Congreso, donde se necesitaría el 2/3 de votos de los congresistas hábiles en la sesión.

Los 32 miembros de la Comisión Permanente no votarían, por lo cual quedarían 98 parlamentarios. De esta cifra, 65 podrían aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte, quien sería destituida como ministra e inhabilitada por diez años de la función pública por infringir el articulo 126 de la Constitución.

“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, señala el artículo 126 de la Constitución Política del Perú.

Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, señaló que habría una motivación política por “grupos de derecha” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tras la aprobación de la denuncia constitucional contra su patrocinada por haber omitido ante la Contraloría General de la República que era representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Ejecutivo desde el año pasado.

“En este momento, hay un intento de finalización exprés por parte algunos grupos de derecha reunidos en la subcomisión que han priorizado este tema, que no tiene sentido por la forma ni por el fondo. Se han saltado temas más importantes, como el de Manuel Merino. La forma es tan importante como el fondo. Se trata de una estimación en la que se concluye que hay infracción constitucional, pero omite datos que se han explicado”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

De otro lado, el exministro de Defensa acusó a la Contraloría de haber actuado “de manera política” en el caso de Boluarte. Indicó que sería “la primera vez” que esta institución decide “qué es y qué no es una infracción constitucional”.” Además, no ha pasado el tiempo suficiente, los 45 días para que se esté votando la admisión y han adelantado opinión”, agregó.