La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reveló que considera como un “potencial riesgo” la iniciativa planteada por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de promover un proyecto de ley que permite sancionar a los jueces, fiscales y policías que se encarguen de filtrar información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se refieran a casos en reserva.
Asimismo, esta institución se pronunció con unas declaraciones en Twitter acerca de los problemas a los que se enfrentará la investigación periodística en caso se lleve a cabo esta iniciativa. En ese sentido, catalogó como preocupante que haya una “sincronía” entre el Ejecutivo y el Legislativo en contra de la prensa.
“La ANP alerta sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Minjus. Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística. Esto se suma al proyecto de ley que penaliza a periodistas y medios que difunden información de procesos de colaboración eficaz, aprobado en febrero en Comisión de Justicia del Congreso. Preocupa sincronía entre Ejecutivo y Legislativo en menoscabo del periodismo”, se lee en el Twitter oficial de la institución.
Por otro lado, la ANP aseveró que estarán atentos ante cualquier novedad para evitar que se lleven a cabo más iniciativas similares a las que ha presentado el Ministerio de Justicia. “La institución se mantendrá vigilante ante este tipo de propuestas atentatorias al trabajo periodístico y que pretenden criminalizar al mensajero. La historia reciente demuestra el rol esencial del periodismo independiente en la lucha contra la corrupción en el país”, indicó.
Como se recuerda, el ministro de Justicia, Félix Chero, indicó durante el 12 de junio que su sector presentará al Legislativo un proyecto de ley que propone penalizar, con hasta 3 años de pena suspendida, a jueces, fiscales, policías y abogados que revelen información de procesos judiciales que aún se encuentren en curso.
“Nosotros hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma. Por ejemplo, tenemos el tema de que el Código Procesal Penal establece que la investigación fiscal o judicial es reservada, es decir solo pueden tener acceso las partes sometidas al proceso. Si el fiscal, el juez, la Policía Nacional, teniendo una información que es reservada, dolosamente, la filtra a terceros, eso sería un delito y lo va a ser”, explicó Chero.
Asimismo, el ministro resaltó que la sanción se llevará a cabo cuando se busque “obstruir” o “desnaturalizar” el proceso de una investigación.
CHERO SE PRONUNCIA SOBRE LAS BAMBAS
El Poder Ejecutivo creó un grupo de trabajo temporal con el fin de acompañar y evaluar que se cumplan los compromisos a los que pudo llegar el Estado con la minera Las Bambas y los representantes de las comunidades campesinas de Fuerabamba, Chila, Choaquere, Chuicuni, Pumamarca y Huancuire de la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.
Asimismo, de acuerdo con la Resolución Ministerial N° 182-2022-PCM, este comité tiene como fin fortalecer el proceso de diálogo basándose en los acuerdos suscritos el 9 de junio del 2022 entre las partes involucradas.
Al respecto, el ministro de Justicia, Félix Chero, sostuvo que desde el Poder Ejecutivo se prevé trabajar en un plan de desarrollo que favorezca a las comunidades en conflicto con la minera Las Bambas, una vez que concluya la tregua de 30 días entre ambas partes.
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