Abogado de Dina Boluarte advierte una destitución exprés por parte del Congreso

Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, señaló que habría una motivación política por “grupos de derecha” en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tras la aprobación de la denuncia constitucional contra su patrocinada por haber omitido ante la Contraloría General de la República que era representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Ejecutivo desde el año pasado.

“En este momento, hay un intento de finalización exprés por parte algunos grupos de derecha reunidos en la subcomisión que han priorizado este tema, que no tiene sentido por la forma ni por el fondo. Se han saltado temas más importantes, como el de Manuel Merino. La forma es tan importante como el fondo. Se trata de una estimación en la que se concluye que hay infracción constitucional, pero omite datos que se han explicado”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

De otro lado, el exministro de Defensa acusó a la Contraloría de haber actuado “de manera política” en el caso de Boluarte. Indicó que sería “la primera vez” que esta institución decide “qué es y qué no es una infracción constitucional”.” Además, no ha pasado el tiempo suficiente, los 45 días para que se esté votando la admisión y han adelantado opinión”, agregó.

Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró hoy procedente el informe de calificación contra la vicepresidenta Dina Boluarte por haber infringido el articulo 126 de la Constitución al omitir ante la Contraloría General de la República que era representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya formaba parte del Ejecutivo en su calidad de ministra de Estado desde el año pasado.

Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se aprobaron las denuncias constitucionales 268 y 269, presentadas por Renovación Popular y Avanza País, contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Ahora, el siguiente paso es que toda la documentación pase a la Comisión Permanente, donde se deberá votar para otorgar un plazo a la subcomisión e inicie la investigación contra Boluarte. Ella deberá ser citada para que brinde sus descargos junto a su abogado.

Luego, la subcomisión tendrá que elaborar un informe sobre el caso de la vicepresidenta que retornará a la Comisión Permanente, donde se votará si procede o no la denuncia por infracción a la Constitución. Finalmente, todo se elevará al Pleno del Congreso, donde se necesitaría el 2/3 de votos de los congresistas hábiles en la sesión.

Los 32 miembros de la Comisión Permanente no votarían, por lo cual quedarían 98 parlamentarios. De esta cifra, 65 podrían aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte, quien sería destituida como ministra e inhabilitada por diez años de la función pública por infringir el articulo 126 de la Constitución.

“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, señala el artículo 126 de la Constitución Política del Perú.

Mediante su cuenta de Twitter, la abogada manifestó que “no existe compatibilidad alguna” en el ejercicio de su cargo como ministra y organizaciones donde participa “sin fines de lucro”.

“Como todo ciudadano y ciudadana tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro, máxime cuando representan el desarrollo cultural de nuestro país, como es el caso de la Asociación Departamental Club Apurímac, así como de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, instituciones de las que no he percibido ni percibo remuneración ni beneficio alguno, las que están dedicadas a la promoción de nuestra expresión cultural”, expresó.

En otro pronunciamiento, la izquierdista también se pronunció sobre el informe de la Contraloría de la República y aseguró que no incurrió en infracción constitucional.

“Ante los cargos presentados por la Contraloría, preciso que cualquier documento suscrito con posterioridad a mi solicitud de licencia se circunscribe estrictamente a la subsanación registral necesaria para garantizar la sucesión de mi reemplazo y no obedece en absoluto a funciones de dirección ni gestión. En consecuencia, no he incurrido en infracción constitucional del artículo n°126 de la Constitución Política del Perú”, mencionó.

Sin embargo, un reportaje Epicentro TV desmintió su versión. Según el portal, la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.

Debido a las pruebas irrefutables, Boluarte no dudó en afirmar que sí firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria pública y ejercía como ministra de Estado. “Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación”, señaló.

Sin embargo, un reportaje Epicentro TV desmintió su versión. Según el portal, la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.

Debido a las pruebas irrefutables, Boluarte no dudó en afirmar que sí firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria pública y ejercía como ministra de Estado. “Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación”, señaló.