Pedro Castillo reasignó a 20 generales de la Policía tras la escandalosa fuga de Juan Silva

El presidente de la República cambió al jefe de la Dirección de Inteligencia. Sin embargo, mantuvo a los responsables de la huida de su exministro de Transportes.

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Juan Silva es una de las cuatro figuras vinculadas a Pedro Castillo hoy prófugos de la justicia.
Juan Silva es una de las cuatro figuras vinculadas a Pedro Castillo hoy prófugos de la justicia.

Tras la escandalosa fuga del exministro Juan Silva, quien se encuentra involucrado en el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado, el Gobierno de Pedro Castillo no tuvo mejor idea que reasignar a 20 generales de la Policía Nacional amparándose en la causal de “necesidad del servicio”. Esto se hizo con el aval del cuestionado ministro del Interior, Dimitri Senmache.

“Es importante tener a los mejores cuadros que estén con sus perfiles vinculados a las tareas que se les va a dar. El mejor perfil, para nosotros, son esas personas”, sostuvo Senmache en diálogo anoche con el programa Punto Final. Los cambios en la institución policial comienzan por la Dirección de Inteligencia (Dirin), donde Luis Legua Egocheaga fue removido.

Legua había recibido la orden del Ministerio Público para que se le realizará una videovigilancia al exministro Silva ante el inminente pedido de prisión domiciliaria. Debido a que no cumplió su labor porque el ex titular de Transportes y Comunicaciones, lo designaron al Frente Policial (FP) Vraem. Su puesto será ocupado por el Gral. Roger Pérez Figueroa, quien proviene del FP Apurímac.

En tanto, las cabezas de la Policía se mantienen: el comandante general PNP, Luis Vera Llerena, y el titular de la Dirección Contra la Corrupción, el general PNP Freddy López Mendoza. Por su parte, en la Dirección contra Lavado de Activos (Dirila): sale Fidel Pisfil y entra Jhonny Véliz, quien proviene de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía. En tanto, Pisfil fue enviado al FP Cajamarca.

El general PNP Jorge Angulo dejó la Macropol La Libertad y fue enviado al FP Apurímac. De igual manera, José Zapata Morante abandonó la Regpol LIMA, su lugar fue tomado por Manuel Lozada Morales.

SE NIEGA A RENUNCIAR

De otro lado, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, ha señalado que no piensa dejar el cargo. Es más, insiste en echarle la culpa a la fiscalía al no cumplir con enviar la información requerida a las autoridades para evitar la fuga de Juan Silva. “Desde nuestro punto de vista hay una responsabilidad del Ministerio Público porque se demoraron dos días en avisar a la Dirección contra la corrupción (Dircocor)”, mencionó.

Teniendo todas las pruebas como los audios y las transcripciones ¿Por qué no dieron la orden de descerraje y allanamiento?”, señaló el ministro del Interior para luego resaltar que las acciones de la PNP parten gracias a una orden fiscal o judicial.

En una conferencia de prensa este domingo, autoridades de la Policía Nacional del Perú señalaron que sí hubo buena coordinación entre sus instituciones, la fiscalía y el poder judicial. Además, señalaron que realizaron labores de videovigilancia, mas ello no significaba que tuvieran que hacer un seguimiento del exministro.

La PNP llevó a cabo una conferencia de prensa este domingo a las 6:00 p.m. para hablar acerca del caso del exministro Juan Silva, luego que la Fiscalía informara que solicitarán un informe a la entidad sobre los trabajos de videovigilancia que ejecutaron antes que el investigado se diera a la fuga.

Ministro Dimitri Senmache aseguró que desconocía la orden de detención preliminar contra Juan Silva.
Ministro Dimitri Senmache aseguró que desconocía la orden de detención preliminar contra Juan Silva.

La videovigilancia, contemplado en el Código Procesal Penal, hace que el efectivo o el órgano de inteligencia se dedique exclusivamente a perennizar a través de medios fotográficos los lugares donde el objetivo reside, estamos hablando de viviendas, de espacios públicos”, explicó el general Fredy López Mendoza, director contra la corrupción de la Policía Nacional.

Insistió en que la orden de videovigilancia significa que se vigilan las viviendas de las personas investigadas, pero no un seguimiento de sus movimientos. “Que quede bien claro que el tema de videovigilancia no significa hacerle seguimiento”, dijo.

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