El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, anunció que el Gobierno está preparando un proyecto de ley para sancionar con hasta tres años de cárcel suspendida a fiscales o jueces que filtren información reservada sobre investigaciones o procesos a terceros.
El funcionario explicó que estas filtraciones afectan el debido proceso, pero descartó que la propuesta vaya a afectar la libertad de expresión. Esto porque los periodistas seguirán teniendo el derecho a no revelar sus fuentes, asociado tanto a un derecho ético como a un derecho fundamental asociado al secreto profesional de la profesión.
“Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema del código procesal penal que dice que la investigación es reservada. Es decir, solo pueden tener acceso las partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, aseveró en una entrevista con Canal N.
“Pero si el fiscal, el juez o la PNP, teniendo información reservada, dolosamente, la da a terceros, eso será un delito”, remarcó.
En ese punto, señaló que el sistema de justicia es el encargado de asegurar que sus funcionarios reserven la información de casos en proceso de investigación o que ya iniciaron un proceso legal. También mencionó posibles casos en los que esta divulgación de información se haría “para obstruir la investigación”.
“El sistema de justicia tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice, los periodistas tienen sus propios medios, pero cuando se hace para obstruir la investigación, se tiene que establecer un mecanismo punitivo cuando esta información llega a manos de terceros”, dijo.
“La propuesta es de una pena suspendida, la propuesta es dos a tres años de pena suspendida. Porque si la investigación es reservada y se filtra, esto se altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales porque así se rotula a una persona como si fuera un delincuente y se viola la reserva”, agregó.
Esta iniciativa está siendo anunciada luego que, semanas atrás, se divulgara en medios de prensa la transcripción de un audio entre Zamir Villaverde y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Este audio ya haría estado en posesión del Ministerio Público.
La transcripción recoge una conversación, donde Villaverde le asegura haber entregado un soborno de S/100,000 al extitular del MTC, Juan Silva, de parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una de las que, en consorcio, ganó la licitación del puente Tarata por S/232 millones. La autenticidad del audio fue confirmada por el Ministerio Público.
SOBRE LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL MINISTRO DEL INTERIOR
En la misma entrevista, el titular de Justicia señaló que “habría que evaluar si le alcanza responsabilidad política o no” al ministro del Interior, Dimitri Senmache.
Se recuerda que el ministro fue citado en el Congreso de la República para responder por las acciones realizadas por la Policía Nacional para capturar al exfuncionario Juan Silva, quien está prófugo desde que se dictó la medida de detención preliminar en su contra.
“El ministro del Interior está recientemente designado, también. Hace todos los esfuerzos, como lo hacen todos los ministros en sus carteras, para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. Entiendo que él ha activado todas las alertas y alarmas (...) pero tendrá que responder en su momento”, señaló.
“Si le alcanza responsabilidad política o no, habría que evaluar (...). Pero todos los ministros de Estado asumimos responsabilidad política cuando por un acto de nuestra función se evidencia negligencia o que hemos emitido esos actos”, añadió.
Además, también señaló que la investigación iniciada por el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al presidente Pedro Castillo, no es concordante con el accionar de sus predecesores. Esto porque en gobiernos pasados no se habría investigado a los presidentes, pese a las acusaciones y pruebas en su contra.
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