Pedro Castillo se ha convertido en el primer presidente de nuestra historia en ser investigado preliminarmente durante el desarrollo de su mandato, es así que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, lo ha citado para el 13 de junio para que responda a los cuestionamientos en su contra. Sin embargo, el jefe de Estado recalcó que no asistirá al encuentro pactado para mañana por la mañana.
“Estoy dispuesto a colaborar. Voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación. Nosotros tenemos una agenda. Hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita; pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, declaró al canal del Estado luego de 110 días de distanciamiento con los medios de comunicación.
Sobre el pedido de reprogramación solicitado por su defensa legal, el mandatario indicó que no se trata de un intento por no colaborar con las investigaciones. “Me comprometo a responder (a los cuestionamientos de la Fiscalía de la Nación) y lo voy a hacer. Si se me apertura un proceso en Lima, u otro espacio, me voy a someter. Ese es mi compromiso con el país”, agregó.
Durante los últimos días se advirtió de los intentos del presidente por detener la audiencia ante el fiscal de la Nación. Al coincidir su encuentro con el partido de la selección peruana de fútbol que busca un cupo en la Copa mundial de fútbol, se discutió la posibilidad de declarar feriado el lunes 13 de junio, medida que finalmente se aprobó. A pesar de lo aprobado, la fiscalía señaló que el encuentro seguiría en marcha.
INTENTOS DE DETENER LA INVESTIGACIÓN
Si bien Pedro Castillo ha señalado que está dispuesto a colaborar con la justicia, su defensa legal inició un pedido de nulidad de la medida. Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el juzgado supremo de investigación preparatoria rechaza la tutela de derechos que presentó para dejar sin efecto la investigación fiscal en contra del mandatario, por el caso Puente Tarata.
“Si en la tutela de derechos no halláramos justicia, se abre el escenario de la justicia constitucional, lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional y en última instancia tiene la palabra el TC que es el celoso guardián de los derechos constitucionales”, añadió.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, justificó su decisión de incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, en la investigación preliminar que se le sigue al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, y a un grupo de seis congresistas de Acción Popular miembros del grupo ‘Los Niños’. Señaló que no hacerlo lo tendría en un estado de sospecha permanente.
Según informó la fiscalía, la ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra el mandatario. Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política, de modo que ya fue notificado de la disposición.
Ahora, el titular del Ministerio Público justificó esta decisión señalando que corresponde investigar al Presidente, debido a las indicaciones que pesan en su contra sobre la presunta comisión de delitos graves de corrupción en el contexto de una organización criminal. Estas suposiciones se desprenden de los informes presentados por la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, y la fiscal contra el lavado de activos, Luz Taquire Reynoso.
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