Ley Anti Sunedu, retorno de la bicameralidad y otras cuestionadas leyes del Congreso de la República

El Congreso de la República se ha convertido en una de las instituciones políticas con mayor porcentaje de desaprobación en el Perú. La ciudadanía no es ajena a las malas decisiones que toman los parlamentarios. Hasta la fecha, el Legislativo ha propuesto y promulgado leyes que perjudican el ejercicio de derechos como la educación y acceso a la participación política, contravienen la Constitución y alteran los procesos regulares de organismos políticos.

Las últimas encuestas de opinión han reflejado el alto nivel de rechazo que tienen los peruanos hacia el Parlamento. Según una encuesta de Datum, el 80% de los participantes revelaron desaprobar su gestión. Esta cifra coincide con el estudio realizado por Ipsos, el cual identificó que el 82% de entrevistados desaprueban al Legislativo.

Infobae preparó un recuento de los proyectos de ley, normas y decisiones más cuestionadas del Congreso de la República.

Desde la campaña electoral, los congresistas mostraron un considerable grado de conservadurismo en sus propuestas. Una de las iniciativas impulsadas por Renovación Popular, bancada de derecha, exige la intervención de los padres de familia en el desarrollo de materiales y recursos educativos. Esta norma perjudica el acceso a la Educación Sexual Integral de los escolares. Además, afecta el avance obtenido durante los últimos años en el sector educación.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la aprobación de esta norma. Según la institución, esta medida afecta el derecho a la educación de los alumnos. A través de un comunicado de Twitter, la entidad también recalcó que esta ley impide al Ministerio de Educación garantizar la enseñanza de Educación Sexual Integral.

Pero esta no es la única organización que se ha pronunciado. El movimiento a favor de los derechos humanos Amnistía Internacional también envió un comunicado expresando su preocupación por la existencia de esta ley. De acuerdo a la agrupación, este proyecto puede “perpetuar la violencia de género y pone en riesgo derecho de niñas, niños y adolescentes a educación sexual integral”.

Amnistía Internacional también afirmó que los padres y madres no cuentan con la facultad para aprobar o rechazar los materiales educativos. Asimismo, indicó que, de ser así, se limitaría las funciones del Ministerio de Educación.

No obstante, las últimas encuestas de opinión reflejan una posición contraria a lo propuesto por el Parlamento peruano. Un reciente estudio de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 82% de encuestados se encuentra de acuerdo con la implementación de Educación Sexual Integral en las escuelas.

Esta decisión fue una de las más cuestionadas durante el período parlamentario. Principalmente, consiste en reformar el consejo directivo de Sunedu para incluir a representantes de universidades públicas y privadas. Es decir, las autoridades de las instituciones a evaluar participarían del proceso de fiscalización e intervendrían en las decisiones de esta entidad.

Esta norma pretende retornar al sistema de autorregulación universitaria, debilita el rol de la Sunedu y atenta contra la reforma universitaria. También limita las funciones de esta institución como el licenciamiento de programas.

Al respecto, Jorge Mori, Ex Director General de Educación Superior Universitaria del Minedu, indicó a Infobae que el principal valor que promueve la existencia de la Sunedu es su carácter independiente para tomar decisiones, lo cual podría verse afectado con la intervención de autoridades de las universidades a evaluar.

Por otro lado, esta norma también afecta a las universidades públicas, pues elimina el financiamiento que el Ministerio de Educación les otorga. “Esta es la razón por la cual 38 universidades públicas han emitido un pronunciamiento en rechazo a esta ley, porque en un contexto donde deberían financiarse más y apoyarse más, en realidad se le está perjudicando porque se les restringe el financiamiento. Es muy delicado”, añadió Mori.

El proyecto presentado por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, generó discusión en el ámbito político. La propuesta pretende retornar al sistema de dos cámaras, diputados y senadores, en el país.

La principal controversia tras la aprobación del dictamen de esta iniciativa se basa en el referéndum desarrollado en 2018, el cual reveló que más del 90% de los peruanos se encuentran en contra de reestablecer la bicameralidad en el Parlamento.

Según Katherine Zegarra, especialista en Ciencias Políticas, si bien el sistema bicameral otorga muchos beneficios a la ciudadanía, como un mayor porcentaje de representación, en el país esto se ha propuesto junto a leyes que no están relacionadas a la implementación de este sistema y generan rechazo en los peruanos.

Otro factor a considerar en la presentación de este proyecto de ley es que implica la modificación de 53 artículos de la Constitución. Esto despertó la indignación de muchos usuarios en redes sociales, quienes rechazaron estas modificaciones sin previo aviso a la ciudadanía.

En diálogo con Infobae, el abogado constitucionalista Carlos Hakansson mencionó que la reforma de estos artículos es parte del proceso que implica reformular el sistema del Parlamento peruano.

“El tránsito de un sistema unicameral a bicameral trae consigo un reparto de competencias y esto da lugar a una serie de cambios. No es transformar la Constitución, sino adaptarla a lo que necesita un senado para funcionar”, expresó.

La Ley 31481 permite a los partidos políticos inscribir a sus candidatos a las Elecciones municipales y regionales 2022, pese a que el plazo de registro culminó.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones y señaló que se trata de una norma “jurídica y materialmente imposible cumplir”. Asimismo, afirmó que desconocer los resultados de las elecciones internas realizados implicaría una “grave vulneración” del derecho a la participación política de los candidatos.

“Asimismo, al haberse llevado a cabo las elecciones internas en todas las provincias y distritos del país, no existe el supuesto para la celebración de elecciones internas complementarias, resaltando que la aludida ley no prevé los criterios o mecanismos que se deben adoptar para proclamar los resultados en caso de concurrencia de listas ganadoras de elecciones internas y las que se produzcan como fruto de las ‘complementarias’”, detalló.

Sin embargo, esta no fue la única entidad que se pronunció en contra de la aprobación de esta medida. La Defensoría del Pueblo también emitió un comunicado a través de redes sociales donde señaló que esta ley pretende “modificar las reglas de las elecciones internas” y pone en riesgo la “seguridad jurídica” del proceso electoral.

Por último, el organismo indicó que ampliar los plazos de inscripción también afectaría al cronograma aprobado para el desarrollo de los comicios.

En septiembre de 2021, la Subcomisión de Constitución aprobó el dictamen que suspende elecciones primarias para los comicios de 2022 en el marco de la pandemia por la covid-19.

La presidenta de la Comisión, Patricia Juárez, mostró su posición a favor de reformular las reglas electorales para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales. Sin embargo, esta decisión representa un retroceso en la reforma electoral.

La Asociación Civil Transparencia se pronunció sobre esta iniciativa legislativa y dijo que las normas electorales deben “responder al interés general, y no a los intereses específicos de los partidos políticos que participarán en cada elección”.

No obstante, la aprobación de las suspensiones primarias también fueron controversiales a raíz de las actitudes de los congresistas, quienes se mostraron confundidos al no saber en qué sentido votar. “Si así de confundidos estamos en el Congreso, cómo estarán los ciudadanos”, mencionó un parlamentario.

SEGUIR LEYENDO