Killa y Pacha, hermanos de Inti Sotelo, presienten que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidirá a favor de Manuel Merino en el proceso de denuncia constitucional tras la represión policial ejercida en las marchas del 14N, movilizaciones que dejaron cientos de heridos y dos jóvenes fallecidos. Pese al dolor que los inunda, afirman que deben ser “realistas” y reconocer que el camino hacia la justicia será largo y difícil.
Este viernes, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, publicó el informe final del caso Inti y Bryan. En el documento, el parlamentario recomienda archivar la denuncia en contra de Manuel Merino por las muertes ocasionadas en las protestas del 14N.
En el informe, el parlamentario omitió información relevante sobre las evidencias registradas a través de pericias, videos, testimonios y demás. Principalmente, la supuesta investigación omite una parte fundamental: la participación de las familias de los jóvenes fallecidos.
“En ningún momento, jamás, nos han citado (en el Congreso) ni nos han llamado. Nosotros esperábamos eso, como una forma de escuchar a la otra parte”, dice Killa Sotelo a Infobae.
Uno de los argumentos del legislador de derecha para recomendar el archivamiento de la denuncia es la aparente falta de evidencias. Pero esto no es cierto. El peritaje balístico realizado por Ernesto López determinó que los perdigones de plomo que impactaron en el cuerpo de ambos jóvenes eran compatibles con escopetas, según un informe revelado por La República. “Hay una pericia balística que a nosotros nos avala”, enfatiza la gemela de Inti.
Según Killa, la familia de ambos jóvenes sabían que la investigación del Congreso se inclinaría a favor de Manuel Merin: “A pesar del dolor que sabe por medio también tenemos que ser realista y ponernos en esta parte en la cual sabemos del blindaje por parte de ellos”.
“Invoco a que vean esto desde un enfoque de derechos humanos. Lo que estamos buscando, simplemente. Es justicia, nada más”, expresa Sotelo.
Desde la partida de Inti, su hermano Pacha Sotelo no ha dejado de visibilizar el caso de ambos jóvenes asesinados. Aunque el dolor de haber perdido a su pariente no desaparecerá, afirma que ha dejado de sentir decepción por las decisiones políticas que toman las autoridades en el caso de su hermano, pero eso no lo rendirá.
“Cuando viene preguntan de ‘¿qué sientes?’; yo lo resumo en impotencia, porque no sé qué más decir. No siento decepción ni frustración porque era algo que que la familia ya veía venir (El blindaje a Manuel Merino)”, manifiesta.
El también psicólogo se refirió a las pruebas que omitió el congresista Cavero en el informe sobre las protestas del 14N. Según Pacha, el congresista no incluyó 24 pruebas de materia fiscal ni las declaraciones de Ántero Flores-Aráoz donde felicita a la PNP por el manejo de las marchas. Tampoco se incluye la omisión de funciones de parte del entonces presidente Merino de Lama.
“Él (Manuel Merino), como presidente de la República, tenía toda la autoridad para detener la represión policial. Sin embargo, lo que él decidió hacer es irse a una reunión con congresistas de su partido Acción Popular. (...) a las 10 de la noche le vuelven a llamar y le comunican que hay un segundo fallecido. Esa persona era mi hermano y ahí recién el señor decide reaccionar (..) menciono todo esto porque no está en el informe”, explica.
Pacha dice que hay un gran interés en afirmar que las protestas tras la vacancia presidencial fueron fomentadas por las fuerzas políticas con la intención de librar de responsabilidad a los implicados. Sin embargo, él asegura que las acciones que la ciudadanía tomó fueron iniciativas propias a causa del descontento hacia la gestión del Congreso.
“Hasta ahora no entienden la espontaneidad de esos días. Creen que hay líderes fantasmas ocultos detrás. Ha pasado más de un año y medio y no los encuentran”, detalla.
Por otro lado, el joven enfatiza que agotarán todos recursos necesarios para encontrar justicia ante la muerte de Inti Sotelo. Cuenta que, en caso la investigación en contra del excongresista de Acción Popular no prospere, una opción es acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“UNA INVESTIGACIÓN INCOMPLETA A PROPÓSITO”
Gloria Cano, secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se refirió a la investigación realizada por Alejandro Cavero sobre las muertes durante la represión policial del 14N y afirmó que se trata de una “investigación incompleta” porque no incluye a todas las partes involucradas.
“Una investigación completa tiene que ver los diferentes actores que están implicados. No solamente no se han comunicado con los familiares, sino también sabemos que a las personas heridas tampoco se les ha notificado y no se les ha requeridos su testimonio, entonces es poco probable de que hayan tenido todas las versiones”, dijo la abogada.
En tanto, la especialista precisó que la inmunidad parlamentaria impide, en estos momentos, procesar legalmente a Manuel Merino y demás implicados. Para Cano, es importante también considerar en un juicio político a los parlamentarios que han votado a favor del informe de Cavero.
“Los congresistas están recubiertos precisamente por una inmunidad que no permite un procesamiento. A pesar de las barbaridades que puedan hacer o decir, yo creo que hay más es una sanción política la que se la que se tiene que dar con el congresista Cavero y los que no solamente él, sino los que han votado a favor de ese informe”, aseveró.
DEFENSORÍA SOLICITA A SUBCOMISIÓN AUTORIZAR LA INVESTIGACIÓN
A través de un comunicado en Twitter, la entidad pidió a la Subcomisión de Denuncias Constitucionales que se permita iniciar una investigación fiscal a los altos funcionarios denunciados por los hechos ocurridos durante las manifestaciones sociales en noviembre de 2020.
La Defensoría mencionó que el Informe Especial n.° 01 Movilizaciones Sociales Noviembre 2020, emitido por esta institución, determinó que “el Estado no cumplió con su deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del derecho a la protesta”.
“La Policía del Perú hizo uso innecesario y excesivo de fuerza, fuera de estándares permitidos. Fallecidos, heridos, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de adolescentes, violencia hacia mujeres y ataque a nuestros funcionarios sustentan conclusiones”, concluyó.
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