En noviembre del 2021, el congresista Alejandro Muñante Barrios, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que establece la imputabilidad de los menores de edad, mayores de 16, que hayan participado en delitos graves. Esta iniciativa ahora se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso de la República; sin embargo, diversos expertos se han pronunciado en contra.
El proyecto de ley pretende que los delincuentes menores, que hayan participado en delitos tan graves como el homicidio calificado, el sicariato o la violación sexual, tengan responsabilidad penal. Actualmente, a esta población no se le impone una sanción penal (penas de cárcel y un registro en sus antecedentes), sino una medida socioeducativa. Estas pueden ir desde la amonestación hasta el internamiento en un centro juvenil hasta por 10 años.
El parlamentario sostiene que la mejor manera de parar la violencia juvenil sería tratando como adultos a los adolescentes y hacer que quienes cometieron delitos graves cumplan penas de cárcel. Este proyecto cuenta con el respaldo de otros parlamentarios de su bancada como José Cueto, Miguel Ángel Ciccia, Javier Padilla y Milagros Jáuregui.
Según cifras del Ministerio de Justicia, más de 3,000 menores de edad han cometido una infracción y se encuentran en proceso de rehabilitación. Sin embargo, no todos están internados en un centro juvenil. Aproximadamente 1,520 de ellos permanecen en un reformatorio, debido a la violencia con la que actuaron.
En comparación con las cifras de la población adulta penitenciaria (más de 95 mil), estas cifras son mínimas; pero suficientes para que el congresista Muñante Barrios planteara esta iniciativa.
Pero el legislador acepta que el valor de su propuesta está más relacionado con un tema de percepción. Dice que establecer este tipo de sanciones podría apaciguar a la ciudadanía “generando una mayor confianza en el Estado”, aunque traería consigo “sobrecarga procesal en la administración de justicia” e “incremento de la población penitenciaria”.
EXPERTOS OPINAN EN CONTRA DE LA PROPUESTA
La experta en criminología, Lucía Nuñovero, opina que el proyecto de ley no serviría ni siquiera como disuasivo para los adolescentes criminales.
“Las organizaciones delictivas captan adolescentes justamente porque estos miden menos las consecuencias y la tendencia transgresora se eleva considerablemente en adolescentes de 16 y 17 años”, dijo en declaraciones a Hildebrandt en sus trece.
De la cifra dada por el Minjus, 698 de los menores de edad fueron detenidos por el delito de robo agravado; 359, por violación sexual; 101, por homicidio calificado; 55, por homicidio simple; siete, por parricidio; cinco, por sicariato; y diez, por feminicidio. Además, 38 jóvenes están en proceso de rehabilitación por extorsión y 56, por tenencia ilegal de armas.
Nuñovero también sostiene que juntar a adolescentes y adultos en un establecimiento penitenciario favorecería el “contagio criminal”.
“Nuestra realidad penitenciaria es nociva hasta para un adulto por el hacinamiento, falta de servicios de salud, drogodependencia y porque se hace carrera delictiva. Lo que necesitamos son más centros juveniles especializados en infractores violentos”, agrega.
Del mismo modo, el abogado Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, afirma que la propuesta de Renovación Popular no va más allá de la demagogia, e insiste en que el proyecto no tiene evidencia.
“Cuando redactan estos proyectos casi siempre miran a Estados Unidos, que tiene uno de los sistemas más duros con los niños y adolescentes. Pero sus tasas de criminalidad son iguales a las de cualquier otro país. Lo cierto es que si no se atacan las causas estructurales, las normas penales no van a tener el efecto deseado”, añadió.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
El último censo hecho en centros juveniles en el 2016 muestra que el 52% de los menores proviene de barrios con fuerte presencia de pandillas o bandas delictivas, y cuatro de cada diez tienen, al menos, un familiar con antecedentes penales. También muestra que cuatro de cada diez internos habían abandonado sus hogares antes de cumplir los 15 años y el 23% lo hizo para huir de la violencia doméstica. Además, el 10% ya tiene hijos, ocho de cada diez beben alcohol y un tercio de ellos ha consumido algún tipo de estupefaciente el día que cometió el crimen.
Considerando ello, la Adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, cree que este proyecto sería un retroceso.
“En el Perú, a partir de los 14, los adolescentes tienen responsabilidad, solo que sus sanciones son distintas a las de un adulto. Según nuestro código, un adolescente puede estar hasta diez años internado en un centro juvenil. No hay impunidad”, explicó.
La funcionaria destaca que, a pesar de la crisis que se vive en los centros juveniles, hay un alto porcentaje de jóvenes rehabilitados. Según cifras del Ministerio de Justicia, la tasa de reincidencia en los menores de edad es baja: solo el 7% regresa por segunda vez a un centro de rehabilitación y el 0,5% llega a tener tres ingresos.
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