‘Los malditos de Angamos’: Fiscalía solicitó 15 años de prisión para Dante Mandriotti, gobernador regional del Callao

El Ministerio Público (Fiscalía) ha presentado un requerimiento acusatorio contra Dante ‘Kiko’ Mandriotti Castro, gobernador regional del Callao, y otros 28 acusados por la presunta comisión de delitos de organización criminal agravado, extorsión, sicariato, cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial y otros. Contra la autoridad chalaca se está solicitando una condena de 15 años de pena privativa de la libertad.

El Primer Equipo de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, a cargo del fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, fue el que presentó el requerimiento acusatorio ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla. En total, se presentaron solicitudes de condena contra 29 presuntos integrantes de la organización criminal “Los malditos de Angamos”.

La tesis fiscal sostiene que Mandriotti Castro habría sido financista de la banda, dedicada al sicariato, extorsión, usurpación agravada en el Callao y el tráfico ilícito de drogas. De acuerdo al fiscal Santamaría Zavala, el rol del gobernador quedó evidenciado porque empleaba sus influencias, contactos policiales y fiscales del más alto nivel para favorecer al empoderamiento y crecimiento de esta organización. Además, brindaba apoyo legal, contactos y dinero cuando ocurrían intervenciones policiales.

Según el expediente 747-2017, también se ha solicitado el pago de S/ 201,000 por concepto de reparación civil y el decomiso de todos los bienes incautados como vehículos, motos, celulares, dinero y efectos que provendrían de los hechos ilícitos.

Además, el Ministerio Público ha solicitado la cadena perpetua contra José Antonio Prado Ventura, quien ejercía la Secretaría General del Sindicato de Construcción Civil de Ventanilla y es acusado de ser cabecilla de esta red delictiva. El mismo escenario se dio para tres de sus lugartenientes. También se solicitaron condenas por 35 años de pena privativa de la libertad para otros siete procesados, todos acusados por el presunto delito de sicariato.

Asimismo, se ha requerido una condena de 17 años de prisión contra Marco Antonio Gonzales Villón, quien en el año 2018 se desempeñaba como comisario de la dependencia policial de Ventanilla, y contra el agente Pedro Deza Loyaga. En el caso de los otros cuatro efectivos de la Policía Nacional, quienes habrían favorecido al grupo criminal brindándoles datos privilegiados sobre operativos y patrullajes en los sectores donde realizaban sus actos delictivos, se ha solicitado penas de 12 años de cárcel.

La banda fue desarticulada en el año 2018, cuando la Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron a 15 presuntos integrantes de la organización criminal, entre ellos había cinco efectivos policiales. Según las investigaciones, la banda coaccionaba a los representantes de empresas constructoras para incorporar en sus planillas a trabajadores fantasmas, a quienes luego se les asignaba el pago de cuotas sindicales sin ejercer trabajo alguno. Esto se hacía a cambio de no poner en riesgo la integridad de otros trabajadores de las empresas.

La tesis fiscal también indicaría que los acusados en el caso habrían incrementado su accionar al insertar entre sus filas a políticos y efectivos policiales, quienes colaboraron desde sus posiciones de poder para que no se les investigue, sancione o persiga.

“Los malditos de Angamos” operaba desde el 2014. En el operativo policial de ese entonces, se allanaron 29 inmuebles y se incautaron 4 armas de fuego, 17 municiones, un vehículo, una laptop, 18 teléfonos celulares, 9 chips, 4 memorias USB, 7 tarjetas de crédito, así como S/ 2,080 en efectivo y diversos documentos vinculados al caso.

Contaban con una red criminal estructurada y controlaban tres zonas de Ventanilla: Angamos, Mi Perú y Pachacútec.

Un representante del Ministerio Público habló con RPP Noticias y señaló que las solicitudes de condena cuentan con pruebas sólidas, como reportes bancarios, declaraciones de testigos, agraviados, sentencias de colaboración eficaz y pruebas anticipadas y escuchas telefónicas. Todo ello corroboraría que los acusados efectivamente forman parte de esta organización criminal.

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