La Defensoría del Pueblo exhortó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por Rosio Torres Salinas, de Alianza para el Progreso, autorizar la investigación judicial al expresidente Manuel Merino y a los miembros de su gabinete que fueron denunciados por el Ministerio Público por los fallecidos y heridos en las manifestaciones de noviembre de 2020.
La mencionada entidad reafirmó que en esa ocasión la Policía “hizo uso innecesario y excesivo de fuerza, fuera de estándares permitidos”. Asimismo, señaló que, en ese contexto, “el Estado no cumplió con su deber de garantizar el ejercicio libre, pacífico y pleno del Derecho a la Protesta”.
Ello fue detallado en el ‘Informe Especial No. 01 Movilizaciones Sociales’, emitido en noviembre de 2020. “Fallecidos, heridos, uso desproporcionado de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de adolescentes, violencia hacia mujeres y ataque a nuestros funcionarios sustentan conclusiones”, señala la Defensoría.
RESPUESTA A INFORME DE CAVERO
La petición de esta entidad a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, se da luego de que legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, presentó –en su calidad de encargado de procesar la denuncia– un informe en el que se exime de responsabilidad a Merino y a sus exministros por los hechos mencionados.
El expresidente fue acusado por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez durante las manifestaciones en noviembre del 2020. Sin embargo, y pese a las evidencias en contra del exmandatario por la actuación de la Policía Nacional del Perú el 14 de noviembre del 2020, el congresista recomendó el archivo de la denuncia sentada por la exfiscal Nación Zoraida Ávalos.
Asimismo, el parlamentario recomienda el mismo proceso para Antero Flores Araoz, exprimer ministro, y Gastón Rodríguez, exministro del Interior.
Si el Congreso, mediante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respalda el informe del funcionario, el Ministerio Público estaría impedido de continuar con la investigación contra los tres acusados, quienes cuentan con el “beneficio de antejuicio”. Estos fueron acusados por haber cometido los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves y leves.
“Tras la culminación de las indagaciones preliminares sobre las movilizaciones sociales de noviembre de 2020, que provocaron la muerte de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez –además de decenas de heridos con lesiones graves y leves– la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, en uso de sus atribuciones contempladas en el artículo 99 de la Constitución, formuló denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo, en su calidad de presidente de la República, primer ministro y ministro del Interior, respectivamente”, indicó la Fiscalía en el 2021.
El parlamentario realizó la recomendación en base a que, según él, no existirían pruebas que confirmen que la PNP utilizó perdigones de plomo, en las manifestaciones del 14 de noviembre, para contener a quienes protestaban buscando la salida del expresidente Merino, donde Inti Sotelo y Bryan Pintado perdieron la vida.
“Al no existir evidencia concluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional del Perú y corroborarse que esos elementos causaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez la comisión impropia de delito de homicidios”, se lee en el informe de Alejandro Cavero.
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