Congresista Alejandro Cavero cuestiona decisión del Poder Judicial que ordena la suspensión de la elección del defensor del Pueblo

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) cuestionó la decisión del Poder Judicial que ordenó hoy al Congreso de la República a suspender el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo por una serie de deficiencias al no tener la transparencia necesaria.

“Esta es una intromisión del Poder Judicial absolutamente inconstitucional e ilegitima. Lamentablemente, los caviares siguen controlando ciertos espacios de poder desde donde pretenden continuar gobernando de facto”, escribió en sus redes sociales.

Como se sabe, hay una comisión especial que se encuentra liderado por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, los tres vicepresidentes de la Mesa Directiva y los voceros de las bancadas que se conformó para elegir al nuevo titular de la Defensoría. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la institución presentó una medida cautelar para paralizar el proceso.

Así, el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, firmada ayer por el magistrado John Javier Paredes Salas, declaró fundado el pedido. Entre los argumentos se indica que existe “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”. En esa línea, se hace referencia al cronograma formulado por el Parlamento.

“No ha reconocido una etapa en donde se haya permitido a la ciudadanía ejercer control sobre la idoneidad de los candidatos, ni tampoco una etapa o etapas que permitan publicitar, de forma expresa y con amplitud, la información que se haya obtenido de la instituciones que guardan información relevante para este fin, como la obtenidas de la Contraloría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio público, entre otros”, se menciona en la resolución judicial.

De otro lado, el juez hace referencia a un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el caso de la elección de miembros del Tribunal Constitucional del 2019, expresó que “todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales”.

“Se ordena a la presidente de la mencionada comisión especial (María Alva) suspender, de manera provisional, el actual procedimiento de elección del nuevo defensor del pueblo convocado por la actual Comisión Especializada del Congreso de la República, hasta que se culmine la tramitación del presente proceso. Bajo los apercibimientos de ley por su incumplimiento”, se lee en la parte resolutiva.

Como se sabe, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo había presentado la medida cautelar para paralizar el proceso de elección del nuevo titular de la institución.

En paralelo a la medida cautelar que fue declarada fundada por el Poder Judicial también se encuentra en curso una acción de amparo que se verá en una audiencia el próximo 18 de julio. Allí se evaluará si la participación de María del Carmen Alva es valida o no. Según la Ley Orgánica de la Defensoría, la comisión especial para elegir al nuevo titular debería estar compuesto por nueve integrantes.

Los candidatos propuestos por cada bancada eran los siguientes: Julia Príncipe Trujillo (Avanza País), Gastón Soto Vallenas (Somos Perú), Víctor García Toma (Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular), Jorge Rioja Vallejos (Perú Democrático) y Miguel Ángel Soria Fuerte (Acción Popular).

En una entrevista concedida a Infobae, el exministro del Interior, Walter Albán, había cuestionado la forma de elección del nuevo defensor del pueblo. “En rigor, no me parece la mejor manera. La experiencia de todos los procesos para la elección de Defensor del Pueblo en el Perú, nos indica que esto se ha ido distorsionando desde su origen. El Congreso debe asumir que se trata de elegir a una persona independiente, con trayectoria profesional y democrática, que reúna condiciones de idoneidad y valores”, señaló.

De otro lado, el también ex defensor del Pueblo enfatizó que “el defensor no está para ser un político más. Al contrario, debe ser una persona que permanentemente esté señalando los errores, por qué se cometieron y cómo se debería subsanarse eso. Tratar en todo momento de abrir los diálogos y no contribuir a la polarización”.