La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) solicitó ayer a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que priorice la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte por haber cometido infracción a la Constitución Política al haber omitido a la Contraloría General de la República que era representante legal del Club Departamental Apurímac cuando por ley se encuentra prohibida de hacerlo.
A través de un oficio, Chirinos calificó como “urgente” atender la denuncia de su colega Norma Yarrow en la próxima sesión de la subcomisión, cuya presidenta es Rosio Torres (Alianza para el Progreso).“El presente pedido lo realizo en razón de que existirían indicios que demostrarían que la actual vicepresidenta de la República no ha procedido de acuerdo a lo establecido por la ley. Sin otro particular, sirva la presente para reiterarle mi consideración personal”, agregó.
Como se recuerda, la Contraloría informó que Boluarte omitió consignar en su declaración jurada de intereses que era presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac. Con ello, la también titular del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habría infringido el artículo 126 de la Constitución.
“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en la Carta Magna.
En el informe de la Contraloría se indica que Boluarte fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac para el periodo del 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, resultó reelegida para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022.
El 15 de febrero de 2022, cuando Boluarte ya pertenecía al Poder Ejecutivo, se le volvió a ampliar hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021, su gestión en el referido club.
VERSIONES CONTRADICTORIAS
Tras el escándalo, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social dijo que había solicitado licencia al referido club privado antes de ser parte del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, su versión no era cierta.
Un reportaje Epicentro TV reveló que la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.
Por ello, la congresista Norma Yarrow presentó la denuncia constitucional contra Boluarte. En 30 días se podría tener el informe final que se aprobará primero en la subcomisión. Luego, pasará a la Comisión Permanente. Allí también se tendrá que aprobar y recién elevarse al Pleno del Congreso, donde se necesitaría el 2/3 de votos de los congresistas hábiles en la sesión.
Los 32 miembros de la Comisión Permanente no votarían, por lo cual quedarían 98 parlamentarios. De esta cifra, 65 podrían aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte, quien sería destituida como ministra e inhabilitada por diez años de la función pública por infringir el articulo 126 de la Constitución.
RECONOCIÓ FIRMA
Boluarte no dudó en afirmar que sí firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era funcionaria pública y ejercía como ministra de Estado. “Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación”, señaló.
En ese sentido, precisó que firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante el presente año. “Sí porque [...] la vicepresidenta, ahora presidenta del Club Departamental Apurímac, todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático y por el tema, seguramente, que el mismo Club Departamental Apurímac estará resolviéndolo”, sostuvo.