El ‘Club del tarot’ también habría obtenido contratos en el Ministerio del Interior y el Ejército

Más indicios reveladores demuestran que el denominado ‘Club del tarot’, una trama de corrupción que tiene como protagonistas a las empresas chinas, no solo habrían ganado licitaciones millonarias en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También, la red alcanzó a otras carteras del Estado como el Ministerio del Interior y el Ejército.

Según el diario La República, el informante que confesó que vendía a empresas proveedoras información para infiltrarse en el sistema electrónico del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), para obtener ilegalmente millonarias adjudicaciones de entidades públicas, señaló que la misma modalidad también se habría dado en procesos de la Policía Nacional.

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Delitos de Funcionarios Públicos ya cuenta con la información de los procesos de licitación de la Policía en los que intervino el declarante, quien reveló cómo aprendió a inflitrarse en los servidores del Estado. Según él, este tipo de práctica ilegal la aprendió cuando laboraba para la familia Díaz Costa.

La familia Díaz Costa habría logrado millonarias licitaciones públicas en el Ministerio del Interior y el Ejército, con documentos fraguados que fueron entregados al Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado (Seace).

Un ejemplo fue lo ocurrido el 22 de octubre de 2019 cuando la Oficina General de Abastecimiento (OGA) del Ministerio del Interior otorgó la buena pro a la empresa Comercio y Bienes para la adquisición de 2.442 cascos de seguridad para motociclistas de la Policía Nacional por un monto de 3,9 millones de soles.

Según lo que el operador del ‘Club del Tarot’, Comercio y Bienes, la empresa que ganó la adjudicación y ligada a la familia Díaz Costa, registró su propuesta de oferta a la 23:23 del 14 de octubre. Indicó que la modalidad consistía en esperar hasta el último para registrar un monto menor para quedarse con la licitación.

Lo mismo pasó el 2020 cuando el Ejército adquirió 179.471 uniformes camuflados modelo Unipat por el monto de 45 millones de soles a la empresa Military & Outdoor Products, también relacionada a la familia Díaz Costa.

El domingo último, el programa Punto Final reveló el testimonio de un joven de 23 años que dio cuenta de la existencia de la existencia de la oferta de un servicio capaz de ingresar al Sistema electrónico de contrataciones del Estado (Seace) donde figuran las obras a licitar y donde las empresas presentan sus ofertas. De esta manera se habría beneficiado a diversas empresas chinas con millonarios contratos durante los últimos dos años.

Según el dominical, cuando se pone en marcha un proyecto, este aparece en el Seace a fin de que las empresas presenten sus ofertas hasta un plazo determinado. El Organismo supervisor de contrataciones del Estado no tiene acceso al monto que ofrecen las empresas hasta una vez cumplido el plazo a fin de garantizar una elección justa entre todos los competidores. El Osce finalmente escoge a la empresa que cumple con los requisitos expuestos y la que menor costo significaría a las arcas públicas.

Es en este punto donde entra a actuar Tarot, el servicio que espiaba el sistema de Seace a fin de compartir la información del resto de ofertas a otras empresas. Una vez con esta información, la empresa involucrada podía presentar una oferta menor a la del resto a fin de garantizar su elección y futura contratación.

Entre los beneficiados con esta red de corrupción estarían Felipe Aguilar Quispe, miembro de una familia que viene siendo investigada tras las declaraciones de Karelim López ante la fiscalía.

Estos habrían ganado millonarios contratos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la mano de empresas chinas. Felipe Aguilar se presentó ante el testigo como asesor del gerente general de China Railway N 10, empresa que habría ganado la licitación del hospital del Altiplano en Puno gracias a Tarot.

La fiscalía anticorrupción se acercó hasta las instalaciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) a fin de obtener información confidencial que beneficiaría a empresas privadas.

Los trabajadores de OSCE brindaron todas las facilidades durante el desarrollo de la diligencia “para que las investigaciones de la denuncia periodística se realicen de manera inmediata”, se lee en la publicación mencionada.