El abogado de Pedro Castillo señaló que el presidente podía ser investigado por temas relacionados a su gobierno

Antes de aparecer en medios de comunicación como el defensor legal de Pedro Castillo, el abogado Benji Espinoza mencionó que el presidente de la República sí podía ser investigado por la Fiscalía de la Nación por asuntos relacionados a su gestión. En una entrevista concedida al canal ATV el 16 de noviembre del año pasado, el letrado mencionó que no había restricción alguna para someter a Castillo a una indagación por el proceso irregular de ascensos en las Fuerzas Armadas. Por cierto, el vídeo ya no aparece en su cuenta de YouTube.

“Sí, podría ser investigado y le correspondería a la Fiscalía de la Nación. Hay un tema muy importante que que subrayar: al presidente de la República y al ministro de Defensa los investiga la fiscal de la Nación en algo que se llama investigación preliminar. Si es que luego de la investigación preliminar, encuentran indicios reveladores de la existencia de delitos y responsabilidad penal en ellos, entonces la fiscalía plantea una denuncia constitucional y el Congreso, en un proceso que se llama antejuicio político, decidirá si es que da luz verde o no para que sean procesados formalmente”, decía Espinoza.

En enero pasado, la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió una investigación al presidente Castillo por las presuntas irregularidades en los ascensos militares, aunque en el mismo acto suspendió todas las diligencias que se pudieran dar respecto a estos temas debido a que su investidura como jefe del Estado prohíbe ser investigado en lo que dure su mandato presidencial. Al jefe de Estado se le atribuía los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Hace una semana, los abogados del presidente Pedro Castillo presentaron un recurso ante el Ministerio Público para solicitar la nulidad de la investigación iniciada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III.

Benji Espinoza, representante legal del jefe de Estado, declaró a la prensa que esta medida responde a que el fiscal Sánchez habría violado el artículo 117 de la Constitución que señala que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”.

“Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, enfatizó desde los exteriores del Ministerio Público. Sin embargo, el lunes 3 de junio, el fiscal Sánchez rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa legal del mandatario. Así que el caso sigue en curso.

El Ministerio Público se basó en que la imputación inicial recae sobre el presidente de la República como presunto líder de una organización criminal y, desde una posición de poder, podría afectar a los testigos y/o coinvestigados del caso.

Pese al fallo, el abogado del presidente Castillo presentó un recurso de tutela de derechos ante el Poder Judicial para anular la investigación fiscal. Además, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el juzgado supremo de investigación preparatoria rechaza su pedido para dejar sin efecto la indagación por el caso Puente Tarata.

“Estamos en evaluación, una opción es la reprogramación, otra es ir a la declaración, es un medio de defensa, son opciones que se barajan, no hemos tomado la decisión”, afirmó en Exitosa. “Si en la tutela de derechos no halláramos justicia, se abre el escenario de la justicia constitucional, lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional y en última instancia tiene la palabra el TC que es el celoso guardián de los derechos constitucionales”, añadió.