La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República aprobó este martes 7 de junio por insistencia, la autógrafa de ley que debilita a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) e impacta la reforma universitaria.
Con 10 votos a favor, 6 en contra y una abstención, dicha ley busca cambiar la conformación de las personas que son parte del Consejo Directivo de la Sunedu e involucrar a representantes de universidades públicas y privadas.
El dictamen contó con los votos de congresistas de Perú Libre, incluyendo su vocero Waldemar Cerrón, así como de congresistas de Fuerza Popular y Renovación Popular.
Por su lado, los congresistas que votaron en contra fueron: Karol Paredes, José Balcázar, Roberto Chiabra, Diana Gonzales, Elva Julon y Ruth Luque. Además, el congresista Eduardo Castillo votó en abstención.
Ahora se deberá discutir en el Pleno para ver si se aprueba la polémica ley observada.
Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo había solicitado hoy al Congreso no insistir en la aprobación del dictamen “pues esta afecta el derecho a la educación de calidad de miles de jóvenes en el país y la reforma universitaria”.
Sin embargo, la Comisión de Educación del Congreso debatió el predictamen de insistencia frente a las observaciones proporcionadas por el Ejecutivo.
Durante el debate, la congresista Flor Pablo recordó que el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, rectores de universidades públicas y el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), dejaron presente su preocupación ante la ley pidiendo que sea regresada a comisión.
“Estamos ante una ley que lamentablemente no cuenta con el respaldo de los organismos técnicos ni de los actores universitarios, creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta para considerar la revisión”, dijo en su exposición.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo ya había dejado en claro que presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional en caso se concretara su aprobación por insistencia. No obstante, hasta que se emita el fallo, la ley estaría vigente.
Asimismo, se sabe que diversos grupos de personas, que se encuentran bajo la dirección de la asociación sin fines de lucro Foro Educativo, lograron juntar más de 5,000 firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC, la misma que podría derogar la polémica ley.
OBSERVACIONES SOBRE LA LEY
El Ejecutivo llevó a cabo observaciones a la autógrafa de ley que trae cambios dentro del consejo directivo de la Sunedu, donde indicó que esta tiene como base la suposición errónea de que la Ley 30220 (Ley Universitaria) supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria.
De este modo, se informó que por el contrario, la reconoce y desarrolla completamente sus dimensiones (régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico), en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución.
Asimismo, se resaltó que al retirar la rectoría del Ministerio de Educación sobre la política que asegura la calidad de la educación superior universitaria, dejándola sin autoridad, dicha autógrafa de ley es contraproducente para la implementación de esta.
Finalmente se remarcó que resulta importante que haya una única estrategia y un escenario claro respecto de un tema tan importante para el desarrollo del país, como el universitario.
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