Los cuestionamientos hacia la figura de Pedro Castillo lo han convertido en el primer presidente de nuestra historia en ser investigado preliminarmente al mismo tiempo que ejerce su mandato. La decisión del fiscal de la Nación de incluirlo en el proceso no ha sido bien recibido por seguidores del mandatario, entre ellos los integrantes de la bancada del Bloque Magisterial.
“La interpretación adoptada por el Fiscal de la Nación omite antecedentes claves, en los que se defendió la inmunidad presidencial en pro de la gobernabilidad”, señalaron en un comunicado difundido este martes 7 de junio. El grupo de trabajo se encuentra integrado por antiguos miembros de la bancada de Perú Libre que se desvincularon tras la elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
Estos señalan que se está atentando contra lo señalado en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Aseguran que los delitos por los cuales se ha procedido con la investigación no están contemplados en esta sección de la Carta Magna. Sin embargo, varios expertos han señalado que se trata de una investigación, mas no de una acusación contra el jefe de Estado.
El Bloque Magisterial añadió que rechaza “cualquier intento de desestabilizar al Gobierno, que fue democráticamente elegido por la población y la creación de precedentes inconstitucionales”. Asimismo criticaron a la exfiscal de la Nación y hoy congresista Gladys Echaíz que antes sí reconocía los alcances del artículo 117 de la Constitución y ahora diga que “las normas se interpretan, cada una, en su momento y según los casos que se presenten”.
“Las interpretaciones no pueden responder a un interés político de grupos antidemocráticos”, concluye el comunicado del Bloque Magisterial.
BUSCA ANULACIÓN
A pesar de los pedidos de la defensa legal del presidente de anular la investigación preliminar, esta seguirá su curso. Por su parte, el fiscal de la nación rechazó el pedido de anulación. Anteriormente, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional de no lograr que la fiscalía detenga el proceso en contra del jefe de Estado.
“Si en la tutela de derechos no halláramos justicia, se abre el escenario de la justicia constitucional, lo que corresponde es una demanda constitucional de amparo que lo resuelve el juzgado constitucional y en última instancia tiene la palabra el TC que es el celoso guardián de los derechos constitucionales”, añadió.
El titular del Ministerio Público justificó la decisión de investiga a Pedro Castillo señalando que corresponde investigar al Presidente, debido a las indicaciones que pesan en su contra sobre la presunta comisión de delitos graves de corrupción en el contexto de una organización criminal. Estas suposiciones se desprenden de los informes presentados por la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, y la fiscal contra el lavado de activos, Luz Taquire Reynoso.
“No tratándose por ende de cualquier denuncia sin sustento o por motivaciones políticas evidentes, el Ministerio Público, en tanto persecutor del delito por mandato constitucional, defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad, no puede obviar su rol dentro del sistema de administración de justicia, por lo que corresponde iniciar las acciones que la Constitución y la ley le reconocen e investigar al jefe del Estado”, indicó.
Del mismo modo, Sánchez Velarde señaló que la investigación preliminar inmediata es fundamental para asegurar los elementos materiales de su comisión y prevenir que sean destruidos o alterados. Por ello, no podría esperar a que el presidente de la República culmine su mandato para recién iniciar las diligencias.
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