El presidente Pedro Castillo no habría adoptado políticas públicas en beneficio del país durante sus diez meses de gestión. Así lo aseguró Eliana Revollar, titular interina de la Defensoría del Pueblo, en una entrevista concedida al diario Correo.
“(Poder Ejecutivo) no están tomando las políticas públicas que corresponde y en el momento en que debería ser. Por ejemplo, todo el tema de los fertilizantes, de la pobreza, empleabilidad y reactivación económica es como que no está en la agenda ¿no? Claro, el fondo de esto es que en el Ejecutivo, desde el presidente de la República, tienen graves acusaciones por temas de corrupción, hay congresistas que están involucrados en ello y esto preocupa porque no vemos en el futuro inmediato una salida a esta crisis política que tiene el país”, dijo Revollar.
De otro lado, la defensora del pueblo interina cuestionó la falta de transparencia del presidente Castillo para sostener reuniones fuera de Palacio de Gobierno. “La ciudadanía necesita saber qué hace el presidente de la República y los altos funcionarios, con quiénes se reúne y las cosas que trata en las agendas. Se hace público para poner los reflectores sobre la gestión pública del presidente. Entonces, si tenemos reuniones que no han sido publicitadas, se genera ese manto respecto a cuál es el sentido de esas reuniones secretas”, indicó.
En esa línea, Revollar habló que “la sola renuncia del presidente no va a resolver esta crisis”. También cuestionó la posibilidad de adelantar las elecciones generales tal como lo han planteado varios sectores políticos para acabar con la inestabilidad de estos diez meses. “Si se hace un adelanto de elecciones ¿Quién va a asumir la presidencia? ¿en qué tiempo se hará? ¿se trata de un recorte del mandatario?”, mencionó.
Finalmente, la titular de la Defensoría consideró que “la crisis y la situación que está pasando la población peruana no se va a resolver por la vía de una convocatoria a una asamblea constituyente para el cambio total de la Constitución”. “La población tiene problemas concretos, hay hambre, desempleo, no están llegando los fertilizantes. No solamente va a ser el problema de la población pobre o extremadamente pobre porque cada vez más personas van a tener sus bolsones”, agregó.
PIDEN REEVALUAR
Esta semana, la Defensoría del Pueblo solicitó al presidente Castillo reevaluar su nombramiento como encargado de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego tras verse implicado en antecedentes judiciales.
De acuerdo al comunicado oficial que emitió la Defensoría, en la declaración jurada que obliga la ley Nº31457 antes de ocupar un cargo en el ministerio, el actual ministro negó contar con antecedentes fiscales y condenas en su contra.
Al respecto, la institución enfatizó que la decisión de Arce de negar sus antecedentes constituye un hecho en contra de la ley. “La consignación de esta información falsa en un documento público no solo constituye un acto ilícito, sino una grave afectación del principio de transparencia”, mencionó.
La Defensoría calificó de “obstáculo” la decisión de Javier Arce de negar los procesos judiciales que enfrenta. También indicó que la falta de información en las hojas de vida de los funcionarios públicos afecta al control ciudadano. “En definitiva, un actuar opuesto a los valores que debe representar un ministro de Estado”, añadió.
Por su parte, la entidad aseguró que, anteriormente, solicitaron al presidente Pedro Castillo evaluar el nombramiento de Arce como ministro por no contar con el perfil adecuado para el cargo.
APOYA INVESTIGACIÓN
Por su parte, la Defensoría mostró su respaldo la medida del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al integrar al presidente de la República, Pedro Castillo, en la investigación preliminar contra Juan Silva y los congresistas sindicados como ‘Los Niños’.
“Consideramos importante la decisión de la Fiscalía de ampliar investigación contra el presidente de la República por su presunta participación en una organización criminal y la posible comisión de actos de corrupción en el sector Transporte durante su Gobierno”, se lee en el tweet.
Del mismo modo, el organismo hizo hincapié en que los presuntos actos ilícitos deben ser investigados con la finalidad de dar con “la responsabilidad de los involucrados en estos graves hechos y evitar la impunidad”.