Congresista propone muerte civil para quienes compren celulares robados

Adicionalmente, la ley propone agravar la conducta con pena de 6 a 10 años para la persona que vende estos equipos móviles en establecimientos comerciales.

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En el mes de marzo de 2022, se robaron 4 mil 529 celulares a diario.
En el mes de marzo de 2022, se robaron 4 mil 529 celulares a diario.

Un proyecto de ley que plantea la “muerte civil” por un año para las personas que compren o utilicen celulares reportados como robados, fue presentado a la Comisión de Justicia del Parlamento por el congresista de Perú Libre, Alfredo Pariona Sinche.

El objeto de la norma es establecer agravantes para el delito de receptación y crea la prohibición de realizar trámites civiles para quienes adquieran o utilicen celulares con el IMEI alterado.

Los usuarios de celulares con IMEI adulterado estarán prohibidos de realizar trámites como la suscripción de cualquier tipo de contrato civil, trámites ante las entidades bancarias, cualquier acto notarial o ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

De igual forma, estarán impedidos de realizar viajes al interior y exterior del país; y en general todo trámite ante la administración pública. Este procedimiento estará a cargo del Ministerio del Interior.

VENDEDORES DE EQUIPOS ROBADOS TENDRÁS PENAS MÁS GRAVES

Según el autor del proyecto de ley, la propuesta se centra en brindar a la sociedad medidas contra la alta sustracción de teléfonos celulares en el país, que oscila en 4,000 al día según Osiptel, lo cual aunado a la reventa, por la necesidad de trabajo remoto o clases virtuales, ha generado un mercado negro, cuya tolerancia social tiñe de sangre las calles.

Todo ciudadano puede comprobar fácilmente si el IMEI es adulterado con solo marcar el *#06#, tras lo cual deberá verificar que el número en pantalla, programable, coincida con el IMEI que está grabado en la parte posterior del equipo móvil o de la batería si es extraíble.

Adicionalmente, el proyecto de ley modifica el artículo 195 del Código Penal con el fin de agravar la pena de 6 a 10 años para el receptador que vende equipos móviles en establecimientos comerciales.

“Comprar un celular robado, constituye el delito de receptación. Es como comprar autopartes robadas. Pero no podemos mandar a la cárcel a miles de compradores a diario. Con ello, la sociedad viene normalizando la compra de estos equipos”, advirtió el legislador.

Osiptel reportó que 133 mil celulares fueron robados en el mes de abril | VIDEO: Latina TV

MÁS DE UN MILLÓN DE CELULARES SE ROBAN AL AÑO

Cabe recordar que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Dimitri Senmache Artola, informó que anualmente se roban cerca de un millón 350 mil celulares en todo el Perú, por lo que instó a la ciudadanía a no comprar celulares robados.

“Comprar robado es igual que robar, porque detrás de un celular robado hay sangre y destrucción. Si nadie compra, no hay mercado. Por ello, pedimos que no compren robado, porque lo único que estamos haciendo es darles de comer a los delincuentes”, subrayó el ministro.

Senmache indicó que el mercado de bienes robados seguirá existiendo mientras haya demanda en la población, por lo que anunció que su sector propondrá incrementar las penas para el robo de celulares y la adquisición de bienes en ilegal procedencia.

Estas iniciativas, detalló el titular del Mininter, son parte un paquete legislativo que el Ministerio del Interior presentará en los próximos días al Congreso de la República para su posterior discusión y aprobación, como una forma de golpear los mercados ilícitos y combatir la delincuencia.

Senmache Artola reafirmó que, entre dichas propuestas, figuran elevar la pena para el delito de receptación, así como considerar el robo de celulares como hurto agravado, porque se trata de bienes cuyo valor no solo se mide por su costo, sino por la información personal que contienen.

El titular del Interior consideró que, con este paquete normativo, la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá mayores herramientas para enfrentar el delito y seguir golpeando los mercados ilegales de venta de teléfonos celulares, autopartes y otros bienes robados.

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