El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, justificó su decisión de incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, en la investigación preliminar que se le sigue al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, y a un grupo de seis congresistas de Acción Popular miembros del grupo ‘Los Niños’. Señaló que no hacerlo lo tendría en un estado de sospecha permanente.
Esta noticia se conoció hace cinco días mediante las redes sociales del Ministerio Público. En este se detalló que el jefe de Estado está siendo incluido en la investigación preliminar por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión; en el caso Puente Tarata III.
Según informó la fiscalía, la ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra el mandatario. Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política, de modo que ya fue notificado de la disposición.
Ahora, el titular del Ministerio Público justificó esta decisión señalando que corresponde investigar al Presidente, debido a las indicaciones que pesan en su contra sobre la presunta comisión de delitos graves de corrupción en el contexto de una organización criminal. Estas suposiciones se desprenden de los informes presentados por la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, y la fiscal contra el lavado de activos, Luz Taquire Reynoso.
“No tratándose por ende de cualquier denuncia sin sustento o por motivaciones políticas evidentes, el Ministerio Público, en tanto persecutor del delito por mandato constitucional, defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad, no puede obviar su rol dentro del sistema de administración de justicia, por lo que corresponde iniciar las acciones que la Constitución y la ley le reconocen e investigar al jefe del Estado”, indica.
Del mismo modo, Sánchez Velarde señaló que la investigación preliminar inmediata es fundamental para asegurar los elementos materiales de su comisión y prevenir que sean destruidos o alterados. Por ello, no podría esperar a que el presidente de la República culmine su mandato para recién iniciar las diligencias.
Así, el titular del Ministerio Público asegura que se garantizará el derecho a la defensa de Pedro Castillo, esto le permitirá participar activamente en el esclarecimiento de los hechos que se le imputan. Defendió el inicio de las investigaciones, pues señala que suspender hasta que el Presidente culmine su mandato lo mantendría en un estado de sospecha permanente. Esto podría debilitar aún más su figura ante la opinión pública.
EL MANDATARIO ESTÁ INCLUIDO EN CUATRO INVESTIGACIONES FISCALES
Además de incluir al mandatario en la investigación contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis legisladores de Acción Popular - ‘Los Niños’, el presidente Pedro Castillo está incluido en otras tres diligencias fiscales.
Una de ellas es la investigación por el supuesto plagio de su tesis de maestría. La Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, del distrito fiscal de Cajamarca, inició la investigación luego que el programa dominical “Panorama” revelara que el 54% del trabajo de investigación presentaba graves coincidencias de otros autores al someterse al análisis del software Turnitin.
Según la Fiscalía, los delitos por los que Pedro Castillo sería investigado consisten en plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado.
Por otro lado, en enero del 2022, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al Presidente mandatario por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias) y colusión en agravio del Estado. Se consideraba su presunta participación en el proceso de adquisición del biodiésel B100 en Petroperú y la supuesta intervención en la licitación del proyecto Puente Tarata III en el río Huallaga (San Martín).
Ávalos emitió una segunda disposición al jefe de Estado por presunta injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Se trató de una investigación preliminar por la presunta injerencia del mandatario en los ascensos de las Fuerzas Armadas, denunciado por el ahora ex comandante general del Ejército, José Vizcarra.
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