Por primera vez en la historia del Perú un presidente en funciones es investigado de manera preliminar, así lo decidió el fiscal Pablo Sánchez frente a las acusaciones que pesan sobre Pedro Castillo. Si bien existen quienes rechazan la medida alegando una violación al artículo 117 de la Constitución, hay quienes que respalda la medida como la exmagistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma.
La exintegrante del máximo órgano interpretativo de la Constitución señaló que la Carta Magna “no prohíbe que el fiscal Pablo Sánchez haga uso de sus atribuciones”. “Acá nadie está diciendo que hay delito, que hay responsabilidad. Lo primero por hacer, sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía es la titular de la acción penal, es inmovilizar las fuentes de prueba”, agregó.
La fase preliminar de una investigación fiscal, según la exmagistrada, es tomar datos, declaraciones y levantar todo el material probatorio documental. Esa labor es solo permitida al Ministerio Público. “Pero esto también hay que verlo en el mensaje que se da desde las instituciones. ¿Vamos a seguir soportando estos modelos judiciales? Hasta ahora no hay un solo condenado (por el caso Odebrecht)”, indicó Ledesma.
Sobre la idea de suspender al presidente del cargo para que las investigaciones no se entorpezcan, Ledesma dijo no compartir la idea. Recalcó que es importante primero contar con la evidencia a fin de saber si el presidente Castillo es imputable o no. En base a la información que acumule el Ministerio Público, el Congreso podrá tomar las medidas que le competen, pero “eso tomará mucho tiempo”.
RESPUESTA A LAS VOCES EN CONTRA
Una de las figuras que ha mostrado su rotundo rechazo al proceso iniciado por Pablo Sánchez ha sido Benji Espinoza, el abogado del presidente Castillo. Este ha alegado que dicha medida contraviene la Constitución que señala que el mandatario no puede ser acusado durante el tiempo que dure su mandato.
“Le diría que me diga en qué parte de la Constitución se establece que hay una especie de blindaje o protección que impida que el Ministerio Público, al menos, no empiece a acopiar elementos básicos y preliminares de una investigación. Que yo sepa no estamos hablando de acusaciones constitucionales, de juicios orales, ni de penas. Estamos hablando de lo elemental, de juntar evidencias”, respondió Ledesma al abogado presidencial.
Ante la posibilidad de una acusación durante el mandato de Pedro Castillo, la exmagistrada señaló rotundamente que eso no sería posible. Sin embargo, apuesta por una serie de modificaciones al artículo 117 de la Constitución. “Debería ser ampliada, sobre todo cuando un mandatario comete actos que van en contra de derechos fundamentales o incurre en corrupción o en enriquecimiento indebido. Se debería modificar ese artículo 117 para incluir otros supuestos que permitan la acusación constitucional de un presidente en ejercicio”, recalcó.
“Yo reconozco que un presidente tiene prerrogativas para el ejercicio de su función, sin embargo, nos movemos en un modelo democrático en el que nuestros representantes tienen la obligación de asumir responsabilidad de los actos asumidos en sus gobiernos, más aún si hablamos de sospechas delictivas. Yo entiendo que tampoco se puede hacer uso de estas figuras jurídicas con miras a generar un desgaste político. Pero también es cierto que el interés colectivo de la lucha contra la corrupción tiene que ser promovido y visibilizado”, añadió Ledesma en conversación con La República.
Por su parte, Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, indicó que se buscará la nulidad absoluta de la investigación de la que hoy es parte el presidente.
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