César Hinostroza es acusado constitucionalmente por el Congreso por presunto tráfico de influencias

El exjuez supremo quien se encuentra aislado en España, fue acusado constitucionalmente por el parlamento peruano por 5 presuntos delitos en su contra.

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César Hinostroza
César Hinostroza

El último miércoles, el Congreso de la República aprobó la denuncia constitucional contra el exjuez supremo César Hinostroza. Como se recuerda, en julio del 2020, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, formuló dicha demanda contra el exmagistrado.

En esta denuncia también se incluyó al ex fiscal supremo, Tomás Gálvez Villegas; y los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Atilio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites.

Con 79 votos a favor, cero en contra y 7 abstenciones, el Parlamento dio el visto bueno a la formación de causa contra Hinostroza Pariachi, involucrado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, planteado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En dicho informe, se proponía acusar a César Hinostroza en su condición de juez supremo por los delitos de presunta organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.

Durante su defensa, mediante videoconferencia desde España, país donde afronta un proceso de extradición, el letrado aseguró que existe una persecución en su contra y acusó al expresidente Martín Vizcarra de “debilitar” al Poder Judicial durante su mandato.

“(Martín) Vizcarra se prestó a un grupo político antifujimorista para destruir las instituciones, descabezar el Ministerio Público con la destitución de fiscales por las llamadas telefónicas y debilitar al Poder Judicial con la destitución de jueces supremos”, expresó Hinostroza.

“La Junta Nacional de Justicia se ha dedicado a perseguir a los fiscales y jueces que han sido destituidos y han causado una grave conmoción política”, añadió.

El exjuez César José Hinostroza
El exjuez César José Hinostroza en una imagen de archivo. EFE/J.J. Guillén

SITUACIÓN DE MAGISTRADOS

Gálvez Villegas: el Congreso no aprobó la acusación constitucional por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Con un total de 48 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, no se alcanzó el número requerido para abrir dicho proceso.

Gutiérrez Pebe: el Parlamento sí aprobó la acusación constitucional en su contra por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico. Con un total de 75 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones se seguirá con esta investigación que puso al descubierto los malos manejos de la justicia en el Perú.

Velásquez Benites: el pleno aprobó acusar constitucionalmente al denunciado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho pasivo específico. Fueron 67 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones.

Tras esta decisión del Congreso, los representantes legales de todos los denunciados rechazaron los cargos y aseguraron ser víctimas de una persecución política para copar el sistema judicial.

| Foto: Agencia Andina
| Foto: Agencia Andina

ANTECEDENTES

A través de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se dio a conocer que la justicia española confirmó la ampliación de extradición al exjuez supremo César Hinostroza, con el propósito de ser procesado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Dicha resolución se dio a conocer el 31 de marzo de este 2022.

Mediante Resolución N° 24/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, emitida por la Primera Sección Penal de Sala Penal de la Audiencia Nacional de España, se desestimó el recurso de súplica interpuesto por Hinostroza Pariachi, el cual solicitó para no realizar dicha acción en su contra.

Estos hechos se relacionan, luego de conocerse que César Hinostroza pagó una coima a una servidora de Migraciones para salir del Perú por Tumbes en 2018, estando vigente una orden de impedimento de salida del país, debiendo ser procesado por el delito de cohecho activo genérico.

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