Walter Albán: “El Defensor del Pueblo no está para ser un político más” | ENTREVISTA

Al igual que en el proceso del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Congreso se presta a iniciar la elección del nuevo defensor del pueblo en medio de graves cuestionamientos.

El lunes último, la comisión especial –liderada por la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, –desechó la propuesta para que los postulantes Julia Príncipe Trujillo (Avanza País), Gastón Soto Vallenas (Somos Perú), Víctor García Toma (Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular), Jorge Rioja Vallejos (Perú Democrático) y Miguel Ángel Soria Fuerte (Acción Popular) se sometan a una prueba psicológica. Este era el último punto de la lista de 13 lineamientos que fueron planteados.

Frente a esta situación, Infobae entrevistó al abogado Walter Albán, exministro del Interior y ex defensor del pueblo, quien brinda sus impresiones sobre este proceso. Recalca que, lamentablemente, el componente político tendrá un peso clave a la hora de definir quién será el reemplazante de Walter Gutiérrez en la institución.

La comisión especial que elegirá al nuevo defensor del pueblo decidió que cada bancada proponga un candidato. ¿Qué le ha parecido esta idea?

En rigor, no me parece la mejor manera. La experiencia de todos los procesos para la elección de Defensor del Pueblo en el Perú, nos indica que esto se ha ido distorsionando desde su origen. El Congreso debe asumir que se trata de elegir a una persona independiente, con trayectoria profesional y democrática, que reúna condiciones de idoneidad y valores. La Defensoría del Pueblo, en la buena parte de países donde existe, está muy personalizada. El tipo de persona que está a cargo marca de alguna manera la potencialidad del trabajo que vaya hacer la institución.

¿Cuáles eran los criterios de selección del representante de esta entidad?

En un comienzo se pensó que se hiciera mejor por un concurso público para que no fuera una elección tan próxima a la voluntad política de los propios congresistas. De esa manera, además, era posible pensar en que distintas organizaciones de sociedad civil con solidez en esta materia pudieran promover postulaciones. Sobre esta base, el Congreso tendría delante gente idónea sobre la cual se tendría que evaluar y llegar a un acuerdo para lograr las dos terceras partes del número de miembros del Congreso para elegir al nuevo defensor. En este caso, 81 votos. ¿Qué se buscaba con esto? Que todos los grupos políticos, inclusive los que pudieran tener una mayoría relativa, pudieran declinar aspiraciones propias; es decir, poner a gente de su entorno o de confianza y, más bien, fuera un acuerdo para brindar respaldo a quien le diera confianza a todos. Precisamente, por su independencia.

Hubiese sido ideal que el proceso sea por concurso público. Además, que la ciudadanía pueda participar con el fin de que haya transparencia. ¿Usted observa que esta modalidad por invitación es, en parte, para que se propongan a personajes con quienes tengan alguna afinidad política?

Así es. Me temo que pudiera terminar, y no sería la primera, complicando la elección del defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque ya desde la oportunidad en la que me tocó concursar, cuando se fue por renuncia el primer defensor Jorge Santiestevan, me encontraba como primer adjunto y asumí las funciones de defensor conforme a lo que dictaba la ley. Después, terminé postulando en el año 2001 cuando entró el nuevo Congreso con el gobierno del señor Toledo.

¿Cómo se dio ese proceso de elección?

Lo primero que hay que tener presente es que hubo un concurso que llevó adelante el Congreso dominado por el fujimorismo. Se presentaron como 62 postulantes, pero a mi me quedaba claro que un concurso de esa naturaleza no debía llegar a algún resultado porque ese Congreso estaba absolutamente desacreditado y deslegitimado porque todos los problemas que habían ocurrido por los transfugas. Ya tenía su mandato recortado porque se había aprobado la modificación constitucional para que todos se fueran y se eligiera en nuevo proceso de elecciones generales a un nuevo presidente y nuevo Congreso. Entonces, ya el solo hecho de postular frente a un Congreso deslegitimado para un cargo que requiere alta legitimidad, me parecía un error por partes de quienes tenían la aspiración de convertirse en defensor del pueblo. Por suerte no se llegó a la mayoría suficiente y ese concurso quedó desierto.

Cuando se instaló el nuevo Congreso, entonces sí convocó al concurso público por ley como estaba previsto. Fue un concurso en el que competimos decenas de candidatos y candidatas. Por ejemplo, en mi caso, hubo por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, otras organizaciones de la sociedad civil y personalidades un respaldo hacia mi postulación. Entiendo que pasaba lo mismo con otros candidatos, lo cual daba una idea de qué nivel de legitimidad o reconocimiento podría tener cada candidatura, pero lamentablemente hubo presiones de todo tipo. En mi caso, cuando ejercía en la Defensoría del Pueblo, hubo algunas cosas que disgustaron a algunas agrupaciones políticas que, incluso, me hicieron saber que si no actuaba de tal u otra manera, se podría poner en duda el respaldo hacia mi postulación.

Un defensor del pueblo debe ser autónomo y no estar alineado a la narrativa de un sector político. ¿Qué balance tiene de la gestión de Walter Gutiérrez?

Creo que el señor Gutiérrez perdió por completo el perfil de lo que debe ser un defensor del pueblo al haberse mimetizado con quienes están desde una posición distinta en el Congreso. Se entiende que puedan haber críticas tan abiertas al presidente de la república, pero no es el rol del defensor que debe formular sus observaciones sobre la base de la política que se está implementando y siempre con las recomendaciones necesarias.

El defensor no está para ser un político más. Al contrario, debe ser una persona que permanentemente esté señalando los errores, por qué se cometieron y cómo se debería subsanarse eso. Tratar en todo momento de abrir los diálogos y no contribuir a la polarización. Eso es algo que la defensoría debería hacer y lo ha cumplido permanentemente. Claro, si estamos en una situación extrema como el régimen autoritario del señor Fujimori, cuando se señalen los errores va provocar de manera inevitable alguna confrontación con el Gobierno. Si uno evalúa lo que hizo Santiestevan, en su momento, no se va recordar que le dijo la “vela verde” a Fujimori sino que señaló concretamente los aspectos en los cuales no se estaba respetando la Constitución, se vulneraba derechos ciudadanos y se proponía otras medidas para remediar esto.

De otro lado, la elección de Walter Gutiérrez fue un fenómeno que nadie esperaba en 2016. Es decir, que el Congreso de la República pudiera tener una mayoría tan aplastante que con solo ellos (los fujimoristas) podían definir lo que les diera la gana. Ya se sabía que el fujimorismo y el Apra habían decidido prácticamente por el señor Gutiérrez para que sea del defensor. Fue un amarre político entre ambos bandos y él (Gutiérrez) daba muestras de lo propio.

¿Los cambios podrían evitar estos casos?

En el Congreso deberían tener muy claro que no se puede elegir a alguien de su confianza y que tenga afinidad política. Creo que la mejor manera de evitar que siga ocurriendo en el futuro es que se modifique la Constitución para que el Congreso no sea el encargado del proceso de elección del defensor del pueblo.

¿Y qué institución sería?

Bueno, podríamos pensar en diferentes diseños. Uno, probable, podría ser que una institución autónoma como la Junta Nacional de Justicia convoque a un concurso ofrezca la garantías de ser limpio y libre de la injerencia política. Ahora, ese concurso tendría como objetivo no elegir sino tener una lista corta. Tras recibir la lista, ahí sí entraría en acción el Congreso que nombraría sobre la base de los postulantes. En la experiencia peruana sería la mejor manera porque el mandato que tenga el nuevo defensor debe emanar del Congreso que representa a todos los sectores del país. Son los representantes del pueblo.

¿Qué papel debería jugar la sociedad civil?

Desde la sociedad civil deberíamos ejercer una presión para que no se invite a cualquiera. Que las invitaciones sean a partir de un perfil establecido y las condiciones que se deberían cumplir para que puedan postular. Una de ellas es que las instituciones de peso de la sociedad civil -los colegios profesionales, las universidades, organizaciones no gubernamentales como Proética y Transparencia- promuevan a los postulantes a la defensoría o el Tribunal Constitucional.