Este jueves se alcanzaron las 20 firmas necesarias para presentar la moción de interpelación contra la vicepresidenta Dina Boluarte por haber firmado documentos como titular del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac pese a que formaba parte del Gobierno de Pedro Castillo desde julio del año pasado. Esta moción venía siendo promovida por Norma Yarrow de Avanza País.
El documento tenía las firmas de congresistas de otras bancadas como Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado. Sin embargo, a último momento hubo dos congresistas que retiraron su firma del documento: Patricia Chirinos (Avanza País) y Carlos Anderson (no agrupado). Con esta decisión se tuvo que buscar un reemplazo para poder presentar la moción. Algo que finalmente se logró.
Con seis preguntas que la titular de Desarrollo e Inclusión Social deberá responder por este tema que podría culminar con su inhabilitación de la función pública por diez años al haber infringido el artículo 126 de la Constitución.
En el pliego también se toca el dato que Boluarte habría renunciado recién a su cargo en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) el pasado 12 de abril y los contratos de sus familiares, su hermano Nicanor Boluarte Zegarra y cuñado Alfredo Pezo Paredes, con la Municipalidad de Pueblo Libre y la Contraloría en los últimos meses a pesar de que la ley lo prohíbe claramente.
ESCÁNDALO
La Contraloría informó la semana pasada que Boluarte había ejercido, en paralelo a su cargo dentro del Poder Ejecutivo, funciones como titular del Club Departamental Apurímac. Por ello, ella habría infringido el artículo 126 de la Constitución que señala que “Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
Tras estallar el escándalo, la vicepresidenta respondió vía Twitter que había solicitado licencia al referido club antes de aceptar liderar la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, un reportaje del portal Epicentro TV demostró que mentía pues presentó una serie de documentos que firmó este año como representante legal de la entidad.
La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.
Ayer, el citado medio volvió a publicar otro reportaje que confirmaba la relación entre Boluarte y el Club Departamental Apurímac. Esta vez, se publicó su firma en la apelación presentada contra la resolución de la Municipalidad de Lima en la que esta deniega la licencia de funcionamiento de la entidad privada.
Frente a los graves pruebas, la vicepresidenta no tuvo más remedio que reconocerlo ayer. “Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación”, señaló. Precisó que firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante el presente año. “Sí porque [...] la vicepresidenta, ahora presidenta del Club Departamental Apurímac, todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático y por el tema, seguramente, que el mismo Club Departamental Apurímac estará resolviéndolo”, sostuvo.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
Por lo pronto, ya hay una denuncia constitucional presentada por la congresista Norma Yarrow (Avanza País) ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra Boluarte. Este grupo de trabajo ha informado que el caso de la vicepresidenta se tomará como prioridad. En 30 días se podría tener el informe final que se aprobará primero en la subcomisión.
Luego, pasará a la Comisión Permanente. Allí también se tendrá que aprobar y recién elevarse al Pleno del Congreso, donde se necesitaría el 2/3 de votos de los congresistas hábiles en la sesión. Los 32 miembros de la Comisión Permanente no votarían, por lo cual quedarían 98 parlamentarios. De esta cifra, solo se necesita 65 votos para aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte, quien sería destituida como ministra e inhabilitada por diez años de la función pública por infringir el articulo 126 de la Constitución.
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