Marianella Ledesma asegura que la Constitución no prohíbe que el fiscal Sánchez haga uso de sus atribuciones

Marianella Ledesma, brindó una entrevista al diario La República en donde se pronunció sobre el caso de Pedro Castillo y la investigación que se le ha abierto en su contra por presuntos actos de corrupción.

Ante esto, abogada constitucionalista, aseguró que el fiscal de la nación tiene todo el poder facultativo para iniciar dicho proceso, a fin de esclarecer este caso tal como lo permiten sus funciones.

“Hay que ubicar su decisión en el contexto. Vivimos una degradación social fruto de la corrupción que corroe al país. ¿Cómo podemos responder de manera institucional? El caso Odebrecht ya ha demostrado que hay presidentes a los que luego de haber cesado en sus funciones se les ha advertido actos de presunta corrupción. Digo presunta porque todavía no hay condenas. Y con esos antecedentes, aparece con gran tristeza la sospecha de que el actual mandatario, posiblemente, también conformaría una red corrupta. Lo que Sánchez ha decidido es iniciar una fase preliminar de investigación”, expresó.

“Acá nadie está diciendo que hay delito, que hay responsabilidad. Lo primero por hacer -sobre todo teniendo en cuenta que la Fiscalía es la titular de la acción penal- es inmovilizar las fuentes de prueba. Es algo de sentido común. Hay que tomar los datos, declaraciones, hay que levantar todo el material probatorio, documental. Y eso forma parte de la fase preliminar de una investigación fiscal. La Constitución no prohíbe que el fiscal Pablo Sánchez haga uso de sus atribuciones”, agregó.

Además de ello, dejó en claro que solo el Ministerio Público tiene la facultad resolutiva para realizar este tipo de investigaciones y que el presidente, debería cooperar a fin de esclarecer los hechos que hoy lo cuestionan.

“Hay que hacer las cosas con orden. Primero, hay que tener la evidencia para saber si lo que se le imputa al señor Castillo es real o no, si es delito o no. Empecemos por ahí. Y eso tomará un tiempo. ¿Hay alguna actividad delictiva a la que esté vinculado, hay alguna posible responsabilidad de su parte? Bueno, todo eso lo tendrá que determinar el Ministerio Público y, en base a esa información, el Congreso podrá tomar las acciones que la Constitución establece”, analizó.

Al ser consultada sobre cuál es el proceso legal para iniciar una investigación contra un presidente, Marianella Ledesma, aseguró que “reconozco que un presidente tiene prerrogativas para el ejercicio de su función, sin embargo, nos movemos en un modelo democrático en el que nuestros representantes tienen la obligación de asumir responsabilidad de los actos asumidos en sus gobiernos, más aún si hablamos de sospechas delictivas. Yo entiendo que tampoco se puede hacer uso de estas figuras jurídicas con miras a generar un desgaste político. Pero también es cierto que el interés colectivo de la lucha contra la corrupción tiene que ser promovido y visibilizado”, sostuvo.

“El abogado responde a los intereses de su patrocinado. Yo acá solo hablo como ciudadana interesada en que la democracia se mejore y no sigamos viviendo en la impunidad. El argumento del abogado es válido, claro, es su trabajo, pero le diría que me diga en qué parte de la Constitución se establece que hay una especie de blindaje o protección que impida que el Ministerio Público, al menos, no empiece a acopiar elementos básicos y preliminares de una investigación. Que yo sepa, estamos hablando de lo elemental, de juntar evidencias”, puntualizó.

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