El legislador de la bancada de Perú Libre, Germán Tacuri, pidió a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República volver a tomar en cuenta la votación del reciente proyecto aprobado, Ley 1726/2021-CR, que trae como consecuencia dejar sin efecto el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el cual restringe la tercerización laboral.
Mediante una carta a la presidenta de la comisión, Silvia Monteza, el parlamentario indicó que el día 28 de mayo se realizó el envío del predictamen, incumpliendo el artículo 77 del Reglamento del Congreso, que indica que dichos documentos “deben ser distribuidos a los congresistas por correo electrónico con anticipación no menor a las 24 horas antes de que se considere el proyecto”.
“En este caso no fue enviado 24 horas antes de la sesión para su análisis correspondiente. Además, el dictamen aprobado no ha sido remitido al Congreso a la fecha. Asimismo, no ha sido ejecutado el acuerdo mediante la aprobación de un acta”, indicó.
Asimismo, Tacuri le pidió a Monteza llamar a los miembros de la Comisión de Economía para que de este modo puedan juntarse a reflexionar y realizar un mayor debate sobre el tema planteado, así como tomar en cuenta los diversos puntos de vista de los sectores que están involucrados y de los trabajadores antes de su aprobación. “Es por ello, que el presente recurso de reconsideración debe ser puesto de conocimiento del pleno de la comisión para su votación”, añadió el congresista.
Como se recuerda, el último lunes 30 de mayo, con 14 votos a favor, dos en contra y cero abstención, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el proyecto de ley 1726/2021-CR, que deja sin efecto al Decreto Supremo N° 001-2022-TR, el cual pone fin a la tercerización en las actividades de las empresas. Sin embargo, ahora este dictamen deberá ir al debate en el Pleno del Congreso.
DECRETO APROBADO POR MINISTERIO DE TRABAJO
La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó el proyecto con 14 votos a favor y dos en contra. Esta propuesta fue presentada por la parlamentaria de Avanza País, Norma Yarrow, con la cooperación de los siguientes congresistas: José Williams, Rosselli Amuruz, Juan Burgos, Patricia Chirinos y Diego Bazán.
“Podemos afirmar que las disposiciones del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, vulnera la Constitución en la medida que atentan contra los siguientes derechos fundamentales: libertad de contratación, el derecho a la propiedad y la libertad de empresa”, agregó la presidenta de la comisión, Silvia Monteza.
Asimismo, es importante señalar que este decreto fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) en el mes de febrero del presente año.
Por otro lado, de acuerdo con lo que anunció la cartera, la tercerización solo podrá ser tomada en cuenta en las actividades especializadas u obras que están relacionadas a “la actividad principal” de una empresa, pero que no tienen por objeto el “núcleo del negocio”, además de otras obligaciones. La norma presentada fue impulsada por la actualmente censurada Betssy Chávez.
“El decreto limita la capacidad que tienen las empresas de organizarse y definir desde el punto de vista estratégico cuál es la mejor forma de llevar adelante su negocio. La norma también repercute grave y desproporcionadamente en el derecho de propiedad de la empresa, ya que instaura un deber de pago de remuneraciones y obligaciones laborales a favor de los nuevos trabajadores”, agregó Monteza.
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