Las acusaciones en contra de exfuncionarios, funcionarios y allegados al presidente Pedro Castillo están creciendo en tan solo 10 meses de gobierno. Además, el mandatario ya acumula cuatro investigaciones fiscales en su contra.
El domingo 29 de mayo, la Fiscalía informó que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir al mandatario en la investigación contra del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis legisladores de Acción Popular que están siendo acusados de formar parte del grupo denominado como ‘Los Niños’. Estas pesquisas tratan específicamente supuestos negociados que se habrían realizado en el sector, cuando Silva era titular del mismo.
El jefe de Estado sería investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Antes de ello, Pedro Castillo ya estaba considerado en una investigación por el supuesto plagio. La Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, del distrito fiscal de Cajamarca, inició la investigación contra el jefe de Estado luego que el programa dominical “Panorama” denunciara el presunto plagio de su tesis de maestría.
El programa periodístico reveló que el 54% de la tesis realizada por el mandatario y su esposa, Lilia Paredes, presentaba graves coincidencias de otros autores al someterse al análisis del software Turnitin.
Según la Fiscalía, los delitos por los que Pedro Castillo sería investigado consisten en plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado.
Del mismo modo, en enero del 2022, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al Presidente mandatario por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias) y colusión en agravio del Estado.
En ese caso se consideraba su presunta participación en el proceso de adquisición del biodiésel B100 en Petroperú y la supuesta intervención en la licitación del proyecto Puente Tarata III en el río Huallaga (San Martín).
La investigación fue sustentada en el artículo 117 de la Constitución, que señala que “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Por ello mismo, quedó suspendida hasta que culmine el mandato presidencial de Castillo Terrones.
Por otro lado, Zoraida Ávalos emitió segunda disposición al jefe de Estado por presunta injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Se trató de una investigación preliminar por la presunta injerencia del mandatario en los ascensos de las Fuerzas Armadas, denunciado por el ahora ex comandante general del Ejército, José Vizcarra.
Se le atribuía los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Sin embargo, al igual que la primera investigación iniciada por Ávalos, se suspendió.
INVESTIGACIÓN A JUAN SILVA Y CONGRESISTAS ‘LOS NIÑOS’
La investigación en la que fue incluido el mandatario es contra Juan Silva, extitular del MTC, y seis congresistas acciopopulistas que conformarían el grupo ‘Los Niños’. Esto luego de las declaraciones de la empresaria Karelim López, colaboradora eficaz de la Fiscalía, ante la fiscal Luz Taquire, de la Segunda Fiscalía Provincial de Lavado de Activos.
Según informó el Ministerio Público, el jefe de Estado ya ha sido notificado de la disposición en su contra. Además, se anunció que se ha ordenado tomar su declaración indagatoria y otras diligencias para así poder esclarecer los hechos por los que se le acusa.
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