Abogado de Pedro Castillo presenta pedido para anular investigación iniciada por el fiscal de la Nación

Los abogados del presidente Pedro Castillo presentaron esta mañana un recurso ante el Ministerio Público para solicitar la nulidad de la investigación iniciada el último domingo por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata III.

Benji Espinoza, representante legal del jefe de Estado, declaró a la prensa que esta medida responde a que el fiscal Sánchez habría violado el artículo 117 de la Constitución que señala que se “prohíbe que un presidente de la República pueda ser investigado y perseguido”.

“Cuando un fiscal no respeta a la Constitución, el mensaje que da es que quien es defensor de la legalidad termina convirtiéndose en verdugo de la legalidad”, enfatizó desde los exteriores del Ministerio Público.

El abogado adelantó que si la solicitud de nulidad no prosperará en la fiscalía, entonces recurrirán a un juez de investigación preparatoria del Poder Judicial para que pueda analizar una tutela de derecho.

“Si la nulidad no prosperara, de inmediato, vamos a presentar una acción de tutela de derechos que va a tener que ser conocida por un juez de investigación preparatoria que luego de una audiencia pública resolverá si tenemos derecho o no. Creo que tendrá que intervenir la Sala Penal de Apelaciones Suprema porque si nos dan la razón apelará la fiscalía y si no nos da la razón, apelaremos nosotros”, indicó.

Como se recuerda, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por el caso Puente Tarata III, donde el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular también estarían involucrados en presuntos casos de corrupción tras la declaración de la lobista Karelim López.

Según informó la fiscalía, la ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra el jefe de Estado. Pese a ello, agregaron que Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política.

Por lo pronto, el presidente ya fue notificado de la presente disposición. Se indicó, además, que se recogerá su declaración como parte de las diligencias para esclarecer estos hechos ocurridos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en estos días.

Aparte del caso Puente Tarata III, el presidente Pedro Castillo ya estaba considerado en una investigación por el supuesto plagio. La Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, del distrito fiscal de Cajamarca, inició la investigación contra el jefe de Estado luego que el programa dominical “Panorama” denunciara el presunto plagio de su tesis de maestría.

El programa periodístico reveló que el 54% de la tesis realizada por el mandatario y su esposa, Lilia Paredes, presentaba graves coincidencias de otros autores al someterse al análisis del software Turnitin.

Según la Fiscalía, los delitos por los que Pedro Castillo sería investigado consisten en plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado.

Del mismo modo, en enero del 2022, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió una investigación preliminar al Presidente mandatario por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias) y colusión en agravio del Estado.

En ese caso se consideraba su presunta participación en el proceso de adquisición del biodiésel B100 en Petroperú y la supuesta intervención en la licitación del proyecto Puente Tarata III en el río Huallaga (San Martín).

Por otro lado, Zoraida Ávalos emitió segunda disposición al jefe de Estado por presunta injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Se trató de una investigación preliminar por la presunta injerencia del mandatario en los ascensos de las Fuerzas Armadas, denunciado por el ahora ex comandante general del Ejército, José Vizcarra. Se le atribuía los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

Hay que recalcar que todas las investigaciones han sido suspendidas hasta que el presidente Castillo culmine su mandato en el 2026.