Durante la tarde del 30 de mayo, representantes del primer despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción Corporativa, a cargo de la fiscal Rosario Isabel Quico Palomino, se presentaron en Palacio de Gobierno a fin de ingresar y recabar información en torno a las contrataciones de personal hechas durante el gobierno de Pedro Castillo. Por su parte, el abogado del presidente, Benji Espinoza, mostró su malestar ante la presencia de las autoridades.
En conversación con la prensa, la defensa legal del mandatario señaló que en la casa de Pizarro se alojan secretos de Estado por lo que se debió proceder de otra manera. “Cuando se invocan secretos de Estado los órganos de justicia deben seguir otro tipo de procedimiento, por eso es que vamos a atender esa información, de qué manera la Fiscalía cree que puede venir a Palacio de Gobierno como si entraran a cualquier lugar”, señaló.
Luego de informar que se evaluará las vías legales frente a lo sucedido, indicó que verán los detalles y sospechas que maneja la fiscalía para intervenir Palacio de Gobierno. “Yo no puedo adelantar acciones porque quiero conocer bien los detalles”, agregó. Además, informó que mañana se enviará un pedido de nulidad contra la disposición de fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien abrió una investigación preliminar en contra del mandatario.
“El día de mañana está ingresando a primera hora un pedido de nulidad absoluta contra la disposición del fiscal de la Nación. Consideramos que se viola el artículo 117 de la Constitución, que proscribe que un presidente en ejercicio pueda ser investigado o perseguido (…) El presidente se va a dedicar a defenderse y ya no va a dirigir al país y eso es lo grave de la investigación”, sostuvo.
VISITA A PALACIO
Mientras el presidente Pedro Castillo se encontraba en Loreto encabezando una sesión del Consejo de ministros descentralizado, integrantes de la fiscalía llegaron a Palacio de gobierno. Los funcionarios del Ministerio Público tuvieron que esperar durante un largo rato para finalmente acceder a la sede de gobierno. Estos estuvieron acompañados de miembros de la Policía Anticorrupción (Dircocor).
La fiscal Rosario Quico investiga desde enero las contrataciones de personal en la casa de Pizarro durante el gobierno del presidente Castillo. Franco Pomalaya (exasesor de prensa) y José Cristóbal Quispe (de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial) son investigados por la fiscalía por presunta negociación incompatible.
Otras personas como Andrés Calle Mezares, Analí Carrión Díaz y Gian Baca Gonzáles también figuran son investigados. La fiscalía pretende encontrar si acaso habrían sido contratados sin contar los requisitos necesarios para ocupar los cargos designados.
La relación del jefe de Estado con la fiscalía no ha sido de las mejores. Ante el pliego interpelatorio que las autoridades le enviaron, Castillo brindó respuestas breves a los cuestionamientos sobre sus vínculos con figuras que hoy se encuentran investigadas, entre ellos sus sobrinos, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y su exsecretario Bruno Pacheco.
Frases como “Desconozco” y “No recuerdo” se repitieron en varias oportunidades, incluso en aquellas en las que se consultó sobre reuniones en Palacio de Gobierno, sede gubernamental donde este tipo de encuentros se registrarían debidamente a fin de garantizar la transparencia de los gobernantes. A lo largo de 14 páginas, Pedro Castillo respondió al extenso pliego de 61 preguntas formuladas por la fiscalía.
Entre las respuestas, el presidente brindó una nueva versión sobre su vínculo con Karelim López. En el pliego enviado a la fiscal Taquire, Pedro Castillo ahora afirma haberse reunido con la colaboradora eficaz. “Diga usted si conoce o no a la persona de Karelim Lizbeth López Arredondo”, pregunta la fiscalía. “A Karelim López la conozco. No recuerdo exactamente qué fecha fue, pero visitó el despacho presidencial en dos oportunidades”, fue la respuesta del presidente.
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