Somos Perú promoverá la censura del ministro de Agricultura y respaldará la inhabilitación de Dina Boluarte

La bancada de Somos Perú impulsará una moción de censura contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, en el Congreso por carecer de la experiencia necesaria en un sector que afrontará en los próximos meses una grave crisis alimentaria por la falta de fertilizantes a nivel global.

“Lamentables sus declaraciones [del ministro Cerna] demuestran su inexperiencia en política, esto hace factible de que lo podamos censurar y que se vaya a su casa porque no tiene la experiencia del caso, sobre todo cuando hay falta de alimentos en los próximos meses”, señaló Wilmar Elera, vocero de Somos Perú, ante la prensa.

Como se recuerda, en las últimas horas, el ministro Arce ha recibido diversos cuestionamientos. El programa Cuarto Poder reveló ayer que el encargado de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego estuvo preso por el presunto delito de usurpación de funciones en el penal San Jorge en 1997.

Además, el flamante integrante del Poder Ejecutivo tendría la condición de reo libre en el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima por el presunto delito de estafa genérica. Estaría afrontando un proceso judicial por este tema y cumpliendo medidas de restricción como la comparecencia, que no implica una prisión preventiva que sí podría aplicarse para los reos en cárcel.

El dominical informó que Arce cuenta sobre las 20 denuncias a nivel fiscal en las sedes de Ventanilla, Huaura, Lima Norte, Callao y Arequipa: cinco en archivo y otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaría, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública.

De otro lado, el programa Panorama reveló que que Javier Arce contrató a su sobrina Tania Talia Achata Pimentel por S/37 mil en su propio despacho del Parlamento Andino. Según información del espacio, ambos serían socios de un negocio, el cual Arce abandonó antes de firmar como funcionario público.

En otro momento, el vocero de Somos Perú también se refirió a la situación de Dina Boluarte. “En el caso de Dina [Boluarte] hay una acusación constitucional, en 15 días estaremos votando en el pleno para la vacancia de la señora Dina Boluarte”, dijo Elera. “El informe de Contraloría es contundente en que existe la firma de un documento ante un notario y eso la hace pasible de que no haya cumplido la Constitución, lo que corresponde es la inhabilitación, esa es la sanción que le corresponde”, agregó.

Hace una semana, la Contraloría General de la República reveló que la vicepresidenta había ocultado en su declaración jurada de intereses que tenía cargos directivos Club Departamental Apurímac y la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. En respuesta, Boluarte señaló que había solicitado la licencia correspondiente en ambas entidades para asumir como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo.

Sin embargo, un reportaje Epicentro TV desmintió su versión. Según el portal, la vicepresidenta firmó como representante legal del Club Departamental Apurímac en el 2022, cuando ya ejercía como ministra. La prueba sería expediente administrativo que el citado medio obtuvo de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima, el cual señala que el mencionado club quería recuperar su licencia de funcionamiento, luego de que esta fue revocada en el 2019 por quejas de los vecinos.

Por lo pronto, ya hay una denuncia constitucional presentada por la congresista Norma Yarrow (Avanza País) ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo de trabajo ha informado que el caso de Boluarte se tomará como prioridad. En 30 días se podría tener el informe final que se aprobará primero en la subcomisión.

Luego, pasará a la Comisión Permanente. Allí también se tendrá que aprobar y recién elevarse al Pleno del Congreso, donde se necesitaría el 2/3 de votos de los congresistas hábiles en la sesión. Los 32 miembros de la Comisión Permanente no votarían, por lo cual quedarían 98 parlamentarios. De esta cifra, 65 podrían aprobar la acusación constitucional contra Dina Boluarte, quien sería destituida como ministra e inhabilitada por diez años de la función pública por infringir el articulo 126 de la Constitución.