Fiscal de la Nación abre investigación contra el presidente Pedro Castillo por organización criminal

La disposición fiscal abarca al mandatario para que sea investigado también por tráfico de influencias agravado y colusión en el marco del caso Puente Tarata, donde están involucrados el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular.

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Sánchez asume por tercera vez
Sánchez asume por tercera vez la Fiscalía de la Nación de forma interina. | Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión. Con esta decisión, ahora será incluido en el caso Puente Tarata III donde el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de la bancada de Acción Popular sindicados como integrantes de ‘Los Niños’, están involucrados por la declaración de la lobista Karelim López.

Según informó la fiscalía, la ampliación se resolvió “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones” que hay contra el jefe de Estado. Pese a ello, agregaron que Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa, y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política. Por lo pronto, ya fue notificado de la presente disposición. Se indicó, además, que se recoja su declaración como parte de las diligencias para esclarecer estos hechos ocurridos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Como se recuerda, el pasado 6 de mayo, el fiscal Sánchez decidió abrir una indagación preliminar por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado contra el exministro Juan Silva y seis integrantes de la bancada de Acción Popular, suspendidos recientemente de su militancia.

Es más, el miércoles pasado, también solicitó ante el Poder Judicial impedimento de salida del país para Silva y los parlamentarios acciopopulistas Rafael Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, por treinta y seis y nueve meses, correspondientemente.

Todo esto se dispuso por la declaración de la lobista Karelim López ante la fiscal Luz Taquire, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que acusó al extitular del MTC y los congresistas de Acción Popular de haberse confabulado para beneficiar con siete licitaciones a constructoras chinas y peruanas en Provías Descentralizado. También en la trama estarían metidos Bruno Pacheco, exsecretario presidencial, el empresario Zamir Villaverde y los sobrinos del presidente Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.

Sin embargo, López indicó que esta red no habría trabajado por su cuenta sin la venía del presidente Castillo. En la carpeta fiscal se señala que es el jefe de la organización criminal enquistada en el Estado.

Recordemos que la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le abrió una pesquisa preliminar a Castillo por el caso Puente Tarata III y la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022. Pero, en una decisión cuestionada por constitucionalistas, la suspendió hasta que cumpla su mandato en el 2026. Con su sucesor, el fiscal Pablo Sánchez, se ha cambiado de criterio a la luz de recientes pruebas.

AUDIOS

Esta semana, el programa Combutters reveló una serie de audios entre el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco. En la grabación, con fecha del 25 de julio del año pasado, ambos personajes hablan sobre cómo se iban a repartir cargos dentro del Estado cuando Pedro Castillo asuma la presidencia.

Villaverde tenía un especial interés en la cartera de Transportes y Comunicaciones, donde iba ser colocado Juan Silva. Por su parte, Pacheco no ocultaba su disposición a ser la mano derecha de Castillo en Palacio, donde se le encontró 20 mil dólares en un baño en noviembre pasado, en vez de liderar el sector Vivienda y Construcción.

Supuestos audios de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco mostrarían negociados en el gobierno. VIDEO: Willax

Lo cierto es que este audio fue requerido por el fiscal adjunto supremo provisional Samuel Agustín Rojas Chávez, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. Además, por la fiscal Karla Zecenarro Monge, a cargo del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y la fiscal de lavado de activos Luz Taquire.

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