Con 47 votos a favor, 0 en contra y 35 abstenciones, el pleno del Congreso de la República decidió archivar la acusación constitucional en contra del excontralor general de la República Edgar Alarcón por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada.
En el informe final de la Denuncia Constitucional 372 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se llegó a la conclusión de que se acusa a Alarcón por el presunto delito contra la administración pública en su condición de excontralor. Asimismo, la Fiscalía precisó que el perjuicio ocasionado por Alarcón Tejada al Estado alcanzaría la suma total de S/ 490,877.95.
De este modo, el acusado acotó en sus descargos que había sido víctima de muchas presión por presuntamente haber luchado en contra de una supuesta corrupción en el gobierno de Martín Vizcarra. Asimismo, culpó al anterior Congreso de no respetar el debido proceso.
“En la gestión anterior de este Congreso no hubo el debido proceso al administrar esta denuncia (...). Mi gestión dirigiendo la Contraloría General fue frontal y eso no es ajeno a nadie. Siempre cuestioné cualquier acto de corrupción o probable corrupción (...). He visto a los ojos a la corrupción y por luchar contra la corrupción me sacaron del cargo. Por denunciar a los corruptos me sacaron del cargo y de la institución donde trabajé 20 años”, dijo durante su intervención en el pleno.
¿DE DÓNDE PROVIENE LA DENUNCIA A EDGAR ALARCÓN?
La denuncia proviene de un informe de auditoria del Órgano de Control Institucional de la CGR, en el marco de la acción de control denominada “auditoría de cumplimiento a la CGR”, respecto a la administración y custodia de los fondos de caja chica de la CGR por el periodo del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2017.
En dicha etapa, Alarcón Tejada, tuvo el cargo de gerente central de operaciones, gerente de auditoría especializada, vicecontralor y contralor general de la República.
Por otro lado, la congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, sustentó el informe final de su grupo de trabajo que concluye con acusar al denunciado.
Cabe resaltar que este informe final de la denuncia constitucional fue aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 20 de julio de 2021.
EX CONGRESISTA EN CONTRA DE ALARCÓN
César Vásquez, ex legislador de Alianza para el Progreso, comentó en el año 2017 que esperaba que la Comisión Permanente discuta el informe emitido por dicho grupo de trabajo y no se dilate más la situación debido a la contundencia de las pruebas contra Alarcón.
“Las evidencias contra el contralor Alarcón son incuestionables y las pruebas que presentamos, contundentes; por eso, la Comisión Permanente debe ver este caso el lunes, sin mayores dilaciones”, manifestó el ex congresista.
Además, resaltó que el informe se aprobó por unanimidad ya que existe una falta ética flagrante por parte de Alarcón, por cuatro hechos específicos.
El primero, hace referencia al sometimiento ante un subalterno, en este caso el auditor Walter Grados, para evitar que se denuncie un hecho irregular. Del mismo modo, otra de las faltas fue hacer un negocio con un proveedor de la misma Contraloría.
De acuerdo con Vásquez, el acusado también omitió información relevante en sus declaraciones juradas y pagó beneficios sociales contra la ley a favor de una ex trabajadora, quien era la madre de sus hijos.
“Resultaría catastrófico que Alarcón fuera ratificado como contralor ante la gravedad de las diversas denuncias en su contra y que le quitan credibilidad”, añadió el ex congresista, sin saber que 5 años después el caso se archivaría.
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