Jorge Montoya insiste en la vacancia presidencial: “No sirve hacer tratos con Pedro Castillo”

El nuevo intento de sacar a Castillo Terrores del poder deriva de la denuncia constitucional que tiene el mandatario por una supuesta infracción a la Carta Magna y delito de traición a la Patria.

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Jorge Montoya, congresista de Renovación
Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular. | Foto: Agencia Andina

Una vez más. El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, volvió a poner la vacancia presidencial sobre el tapete. En esta nueva ocasión, por la denuncia constitucional en contra del mandatario Pedro Castillo, la cual ya cuenta con un primer informe a la espera de ser evaluado en la subcomisión correspondiente.

Según expuso el vocero del partido de Rafael López Aliaga, el proceso para lograr su suspensión va a generar inestabilidad política, por lo que sería mejor para el Perú que el jefe de Estado sea vacado por incapacidad moral permanente.

“Ese informe va a terminar en una suspensión y esa suspensión va a terminar hasta que el Poder Judicial se pronuncie. Eso significa que el Perú va a vivir inestabilidad política hasta el término de esa resolución del Poder Judicial porque no se va a poder cambiar de presidente, simplemente se va a asumir el que sigue en la línea de mando en la Presidencia de manera temporal hasta que termine el proceso”, señaló en diálogo con Canal N.

“Es una herramienta que se aplica y tenemos que hacerlo, pero no es lo mejor. Lo mejor sería la vacancia que corta definitivamente la relación”, agregó.

En esa línea, el almirante Montoya manifestó que espera que sus colegas en el Parlamento dejen de hacer tratos tras bambalinas con el Ejecutivo en busca de lograr la destitución de Castillo Terrones, ya que “es una voluntad política”.

“La vacancia es una voluntad política, no es una voluntad judicial y esa voluntad tiene que conseguirse en el Congreso. Espero que poco a poco los congresistas se den cuenta de la realidad y que no sirve de nada hacer tratos con el presidente”, sostuvo.

Hace unos días, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, presentó el informe de determinación de hechos y pruebas sobre la denuncia constitucional hacia Castillo Terrones por una supuesta infracción a la Constitución y delito de traición a la Patria

Como se recuerda, el jefe de Estado, en una entrevista internacional, se refirió a la posibilidad de una salida al mar para Bolivia.

¿HUBO FRAUDE ELECTORAL?

Tras meses de silencio, la Comisión que investiga un supuesto fraude en el proceso de Elecciones Generales 2021 presentó sus conclusiones ante el pleno del CongresoEl integrante de la bancada de Renovación Popular y presidente del grupo de trabajo, Jorge Montoya, fue el encargado de informar el método empleado durante la investigación, sus conclusiones y las reformas que proponen.

Durante poco más de diez minutos, Montoya señaló que durante los 140 días que se le otorgó para impulsar la investigación se verificó el pedido de revisión de actas de la primera elección, las denuncias de falsificación de firmas, la aparición de ciudadanos fallecidos en el padrón electoral, así como solicitar información sobre el proceso electoral a las entidades correspondientes, revisar las actas observadas, entre otros.

El grupo de trabajo señaló que “se ha encontrado presunta responsabilidad penal en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos”. Los delitos que habrían cometido serían los de abuso de autoridad y usurpación de la función pública.

Montoya recordó la renuncia del fiscal Luis Arce al cargo de miembro del JNE y señaló que “según el art. 16 de la Ley del JNE declara que el cargo es irrenunciable”. Que la fiscal Ávalos haya aceptado la renuncia y designado a Víctor Monteza en su reemplazo sería una muestra de que esta habría “asumido funciones que no le correspondían”.

En otro momento, el congresista de Renovación Popular señaló que el Jurado Especial Electoral habría violado la ley con la intención de favorecer al entonces candidato Pedro Castillo, pese a contar con acciones en una empresa. “Los hechos que aquí se describen constituyen la presunta comisión del delito de rehusamiento o demora de actos funcionales”, señaló Montoya.

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