Luego de casi ocho meses de haberse instalado, la Comisión investigadora del proceso de elecciones generales 2021 presentó sus conclusiones ante el pleno del Congreso. El integrante de la bancada de Renovación Popular y presidente del grupo de trabajo, Jorge Montoya, fue el encargado de informar el método empleado durante la investigación, sus conclusiones y las reformas que proponen.
Durante poco más de diez minutos, Montoya señaló que durante los 140 días que se le otorgó para impulsar la investigación se verificó el pedido de revisión de actas de la primera elección, las denuncias de falsificación de firmas, la aparición de ciudadanos fallecidos en el padrón electoral, así como solicitar información sobre el proceso electoral a las entidades correspondientes, revisar las actas observadas, entre otros.
El grupo de trabajo señaló que “se ha encontrado presunta responsabilidad penal en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos”. Los delitos que habrían cometido serían los de abuso de autoridad y usurpación de la función pública.
Montoya recordó la renuncia del fiscal Luis Arce al cargo de miembro del JNE y señaló que “según el art. 16 de la Ley del JNE declara que el cargo es irrenunciable”. Que la fiscal Ávalos haya aceptado la renuncia y designado a Víctor Monteza en su reemplazo sería una muestra de que esta habría “asumido funciones que no le correspondían”.
En otro momento, el congresista de Renovación Popular señaló que el Jurado Especial Electoral habría violado la ley con la intención de favorecer al entonces candidato Pedro Castillo, pese a contar con acciones en una empresa. “Los hechos que aquí se describen constituyen la presunta comisión del delito de rehusamiento o demora de actos funcionales”, señaló Montoya.
DESIGNACIONES SUPUESTAMENTE NULAS
“Dina Boluarte nunca debió pertenecer a la plancha de Perú Libre porque la ley se lo impedía”, manifestó el presidente de la Comisión. Este señaló que la hoy vicepresidenta no había renunciado con seis meses de anticipación a las elecciones a su cargo en el Reniec. “El hecho ilícito fue presuntamente consumado por el pleno del JNE al permitir, mediante una dolosa interpretación de la ley, su participación en la contienda electoral. Su designación como vice sería ilegítima y nula”, agregó.
Dado que Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, quien pretendió ser segundo vicepresidente, no debieron integrar la plancha presidencial de Perú Libre, esta no debió haber sido admitida. “Por disposición de la ley electoral, las planchas presidenciales deben estar conformadas por un candidato a la presidencia y un vicepresidente por lo menos. De ahí que la designación de tanto el presidente como la vicepresidenta serían nulas e ilegítimas”, resaltó Montoya.
El grupo de trabajo también señaló a la ONPE por presuntamente cometer el delito de rehusamiento y demora de actos funcionales. “La ONPE emitió diversas restricciones con la finalidad de restringir el horario de votación. Pese a que la ley faculta el voto postal no se habilitó por negligencia o mala intención. Esto con la intención de impedir que el voto del exterior hubiese significado un cambio en los resultados”, señaló.
Entre las reformas legales que presenta la Comisión resaltan la autorización de uso de equipos de grabación durante la votación, regular los supuestos de anulación del acta electoral, precisar los impedimentos de postulación de candidatos, otorgar subvención a miembros de mesa, mejorar la actualización del padrón electoral con relación a fallecidos. En el caso de reforma constitucional mencionó el deseo de modificar la Constitución y la ley para conservar la cédula de votación.
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