Martita Saavedra, dueña de una ferretería en el asentamiento humano Rosmery Segura De Moreno de la zona de Pachacútec, en Ventanilla, fue asesinada a balazos por presuntamente negarse a pagar cupos a extorsionadores. El homicida, tras el crimen, huyó a bordo de una motocicleta. Testigos del hecho aseguraron que los sicarios se habrían hecho pasar por clientes para cometer el crimen.
“Una moto lineal estaba esperando arriba y otro chico vino acá como a comprar medio kilo de clavos, y ahí es donde le disparó en la pierna, luego en la parte de la espalda y otra por aquí [señalando el cuello]. Como cuatro balazos, y uno que le cayó a un perrito”, señaló uno de los espectadores del asesinato.
La víctima habría estado cerrando su negocio, cuando llegaron los atacantes, quienes habrían disparado hasta en seis oportunidades. El crimen se vincularía a un caso de extorsión hacia la comerciante, puesto que esta se negaba a pagar cupos.
Saavedra le había comentado en una oportunidad a un vecino de la zona que estaba recibiendo amenazas. “Me contó que la estaban extorsionando. Que le estaban pidiendo plata y le dije que denuncie. Con su esfuerzo no va a estar pagando a otra persona que es un delincuente”, añadió un vecino.
Pese al intento de su esposo por salvar su vida, la empresaria falleció de camino al hospital de Ventanilla por la gravedad de las heridas de bala.
Peritos de Criminalística llegaron a la zona para recoger las evidencias del crímen e identificaron seis casquillos de bala. Según testigos, los sicarios habrían huído de la zona disparando, por lo que no se pudo dar con su captura.
“El sujeto no lo han agarrado porque ha seguido disparando. Subió a la moto y se ha ido. No habido ningún policía ni nada”, cometó el amigo de la víctima.
Martita deja a dos niños en la orfandad. Vecinos de la zona y sus familiares hicieron un llamado a que se haga justicia por la madre. Además, se dirigieron hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitando que refuercen la seguridad en la zona.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
El 3 de mayo pasado, el Estado prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por el plazo de 45 días calendario. Durante este plazo, la PNP mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esta disposición se suspende el ejercicio de derechos constitucionales relativos a inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INEI), entre los distritos más inseguros de Lima están San Juan de Lurigancho, Lima, Callao, Comas, San Martín de Porres y Surco. Asimismo, respecto al país, destalló que la región de Lambayeque lidera en inseguridad, seguida por Lima, Arequipa, Piura y Cusco.
Esta medida se habrpia tomado en meses y años anteriores; sin embargo, las cifras de seguridad continúan en aumento. El exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, señaló que el fenómeno delincuencial sería bisectorial y no solo de responsabilidad de la Policía.
“En noviembre del 2021 se presentó un estado de emergencia y no se ejecutó, esto porque las fuerzas armadas no estaban preparadas supuestamente, eso es mentira. El reglamento indica que el viceministro de seguridad nacional se debería encargar de seleccionar, capacitar y ejecutar a todos los encargados del orden para que ayuden con el servicio interno”, añadió a CanalN.
El exfuncionario sugirió, como medida para frenar la inseguridad, proponer un proyecto de ley para que se acelere la investigación sumario de 30 días e inmediatamente el Poder Judicial sancione a los delincuentes. Finalmente, reafirmó la labor de la Policía para combatir la delinciencia.
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