El retorno del expresidente Alejandro Toledo al Perú para responder ante las autoridades por los cuestionamientos en su contra es una tarea que debe cumplirse y así lo ha dejado entrever la fiscalía federal de los Estados Unidos. A través de un documento envíado al Noveno Circuito de la Corte de apelaciones, el gobierno estadounidense ha indicado que el gobierno peruano ha cumplido con lo necesario para justificar la extradición del exjefe de Estado.
El documento da cuenta del rechazo de dos jueces ante las impugnaciones de Toledo sobre la certificación de la extradición. Ya en septiembre del 2021, el juez Thomas Hixson señaló que el exmandatario podía ser extraditado al contar con pruebas suficientes para ser juzgado por la justicia peruana. Un informe del diario El Comercio, dio cuenta de lo dicho por la fiscalía ante los intentos de Toledo de suspender el pedido de extradición.
“Los Estados Unidos de América, por y a través de su abogado abajo firmante, por la presente responde en oposición al recurso interpuesto por Alejandro Toledo Manrique solicitando la suspensión de su extradición a Perú en espera de su apelación de la orden de esta Corte”, señala la fiscalía estadounidense.
El gobierno peruano busca el retorno de Alejandro Toledo para que sea juzgado por presunta colusión y lavado de dinero derivados de un esquema de soborno orquestado junto a la empresa Odebrecht. Este habría solicitado US$ 35 millones a cambio de otorgar la licitación a la compañía brasileña para las obras de “La Carretera Interoceánica Tramos 2 y 3″.
REQUISITOS CUMPLIDOS
En su nuevo intento por frenar el proceso que enfrenta, Alejandro Toledo habría usado los mismos argumentos que en el pasado fueron rechazados por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. La decisión sobre el futuro se encuentra ahora en manos de un tribunal, pero la fiscalía federal ha señalado que esta decisión “debe guiarse por principios legales sólidos”.
“Este Tribunal debería denegar la moción de Toledo por la razón fundamental de que no ha demostrado que es probable que obtenga una revocación de la decisión de este Tribunal en el Noveno Circuito”, señala el documento. Además, se indica que el exmandatario no habría probado los daños irreparables que podría sufrir si es retornado al Perú. Este, según las autoridades estadounidenses, podría utilizar métodos diplomáticos para solicitar un trato justo.
El suspender la extradición de Toledo podría generar problemas en las relaciones entre los Estados Unidos y países socios como el Perú. Además, se señaló que por parte del gobierno peruano se cumplió con presentar dentro del plazo la solicitud de extradición.
“Perú ha hecho todo lo que el Tratado y EE.UU. exige la ley para la certificación de Toledo como extraditable, y los intereses nacionales significativos se verán perjudicados si se le permite retrasar el proceso al presentar reclamos sin mérito”, subrayan.
El retraso injustificado del proceso de extradición provocado por la decisión de un juez de suspenderlo, causaría un daño en la credibilidad del país norteamericano ante el ámbito internacional. Esto, en un futuro, podría menoscabar su capacidad para obtener la cooperación de naciones extranjeras para llevar a los fugitivos estadounidenses ante la justicia.
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