Pedro Castillo encabeza sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2022

El presidente de la República, Pedro Castillo, acompañado del jefe de su gabinete, Aníbal Torres, lidera la sesión Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. En la cita se hará un análisis de los resultados del estado de emergencia y la coordinación de acciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

Al inaugurar la reunión, el jefe de Estado refirió la presencia de ciudadanos venezolanos en nuestro país. “Tenemos un problema más allá de la inseguridad ciudadana, que se suma en comparación a otros países; el tema migratorio: tenemos un número considerable de ciudadanos que vienen de Venezuela”, apuntó y resaltó que alrededor de un millón 600 mil venezolanos han ingresado al territorio peruano, por lo que manifestó que se deben tomar medidas “por ese lado también”.

En la cita, a la que asisten los ministros del Interior, Dimitri Senmache; de Justicia, Félix Chero; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich; de Transportes y Comunicaciones, Juan Barrenzuela; de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; de Defensa, José Luis Gavidia; y representante del despacho de la presidencia del Poder Judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Eliseo Taboada; y la secretaria técnica del Conasec, María Díaz, también se tratará los avances en la implementación del Plan Piloto de la Unidad de Flagrancia en la región La Libertad, así como la estructura curricular básica de los centros de capacitación de serenos que estandariza las características de uniformes, vehículos, distintivos e implementos del sereno y el estado del proyecto de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, según informaron las fuentes oficiales.

El Gobierno oficializó la tercera prórroga del Estado de Emergencia en Lima y la Provincia Constitucional del Callao por el plazo de 45 días calendario a partir del 4 de mayo de 2022. Durante este plazo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. El decreto supremo lleva la firma del Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La primera disposición de estado de emergencia se dio el pasado 2 de febrero, prorrogándose por segunda vez el 20 de marzo, con el objetivo de continuar con las operaciones dirigidas a reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas, a fin de fortalecer la seguridad ciudadana.

Previamente la Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros convocar a una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), para evaluar la efectividad de las distintas medidas que se han adoptado en el marco de la lucha contra la criminalidad en el país.

Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente al mes de marzo de este año, Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se mantienen entre las ciudades con los mayores porcentajes de inseguridad para los próximos doce meses, con más del 93 % en ambos casos.

El observatorio ciudadano ‘Lima Cómo Vamos’ publicó su XI Informe Urbano de Percepción Ciudadana 2021, donde recoge las prioridades y perspectivas de los ciudadanos en Lima y Callao. En este se concluyó que el 72.8% de la población de estas ciudades considera que el principal problema que afecta la calidad de vida en la ciudad es la inseguridad ciudadana.

En tanto, el Ministerio Público y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentaron el estudio “El fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana”, que analiza el impacto que ha tenido en la población limeña a la masiva migración venezolana y la percepción de inseguridad de la población de Lima Metropolitana frente a las malas condiciones que atraviesan en sus vecindarios, como la falta de servicios básicos, saneamiento y otras necesidades, y que no necesariamente son por la presencia de venezolanos en sus zonas.

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