Luego de que la Contraloría general de la república señala que la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, habría cometido una infracción constitucional, integrantes del Congreso han mostrado su predisposición para atender el tema desde su fuero. La congresista fujimorista Martha Moyano ha señalado que el pleno podría discutir un informe final de la Subcomisión de acusaciones constitucionales en 30 días.
Para poner en marcha el procedimiento desde el grupo de trabajo correspondiente, Moyano señaló que primero deben recibir el documento oficial, hecho que todavía no ha sucedido. “En función al informe que ha enviado el contralor, la señora ministra y vicepresidenta estaría vulnerando el artículo 126 de la Constitución. Sin embargo, la subcomisión no puede hacer ningún procedimiento toda vez que no ha llegado ninguna acusación constitucional”, expresó.
Una vez que la acusación llegue al Congreso, el primer paso será dar cuenta de la misma. En la siguiente sesión, se dará inició al proceso que finalizaría con la presentación de un informe que primero deberá ser aprobado por la subcomisión. Una vez superado esta parte del proceso, llegaría hasta el pleno donde sería debatido y finalmente votado.
“Apenas llegue la acusación constitucional iniciamos el procedimiento, que tiene que ver con la dación de cuenta de la presidenta y luego solicita iniciar todo el procedimiento. Después de eso va a tener una calificación. Digamos que se vayan cumpliendo los plazos, en un lapso de 30 días podríamos tener ya un informe final”, agregó Moyano.
Hasta el momento, las bancadas de Renovación Popular y Avanza País son las que han anunciado la presentación de denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la república Dina Boluarte. Además, la bancada celeste ha indicado que también presentará una moción de interpelación contra la integrante del gabinete de Aníbal Torres.
ACUSACIÓN PRESENTADA
La integrante de la bancada de Avanza País, Norma Yarrow, consiguió presentar la denuncia contra Boluarte, la misma que recomienda inhabilitar por diez años de la función pública a la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Esto por haber infringido los artículos 2, numeral 2; 38 y 126 de la Constitución.
Además, se enfatiza que Boluarte cometió los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. En el detalle del documento, al cual accedió Infobae, se advierte que a “Dina Ercilia Boluarte Zegarra, no se consignó el nombre del cónyuge de su hermana René Boluarte Zegarra, el señor Alfredo Florentino Pezo Paredes, quien, si figura en la Declaración Jurada de Intereses realizada por la hermana de la ministra denunciada, tal como se aprecia en dicho documento”.
Además, la denuncia constitucional recoge lo detectado por la Contraloría respecto a la omisión de Boluarte, quien no informó que ocupaba cargos directivos en la Asociación Privada Club Departamental Apurímac y en la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Por ello, la titular del MIDIS infringió el artículo 38 de la Constitución.
La parlamentaria Yarrow también adjunta en su acusación un cuadro con los documentos que Boluarte habría firmado en las mencionadas asociaciones. Al respecto se advierte que “ha efectuado actos de gestión como presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac, al haber suscrito diversos documentos de carácter público descritos en los acápites B.3 y B.4 del informe, por lo que habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución Política del Perú”.
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