La Contraloría General de la República publicó un informe hoy donde señala que, tan solo en lo que va del año, ha identificado a 1,607 funcionarios y servidores públicos únicos con presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en delitos contra el Estado cometidos durante su gestión.
Se ha detectado 2,830 responsabilidades que ameritan sanciones, de las cuales 687 son de carácter civil y 685 son de carácter penal. La Contraloría informó que presentará demandas contra los funcionarios y/o servidores públicos por el perjuicio económico causado al Estado, en el caso de las responsabilidades civiles. En el caso de las responsabilidades penales, presentarán denuncias por presuntos delitos contra la administración pública.
La institución también señaló que existen 1,402 presuntas infracciones administrativas leves y 56 posibles infracciones administrativas graves o muy graves, por las que abrirá un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a los funcionarios o servidores identificados.
La Contraloría General subrayó que, al haber recuperado su capacidad sancionadora, a partir de este año procesará a funcionarios y servidores que tengan presunta responsabilidad administrativa. Estos procesos podrían llevar a inhabilitarlos temporalmente para ejercer la función pública, en el caso de haber cometido infracciones graves (inhabilitación no menor de 60 días calendarios ni mayor a un año) y muy graves (sanción de uno a cinco años).
La mayor cantidad de funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad pertenecen a entidades ubicadas en Lima (552), Arequipa (130), La Libertad (129), Lambayeque (135), Cusco (123), Junín (118) y Loreto (116).
ACCIONES REALIZADAS EN 2022
La Contraloría informó que, en lo que va del 2022, ha iniciado 7,764 servicios de control para prevenir, detectar y sancionar la inconducta funcional o posible corrupción en la administración pública. De este total, 6,649 (85.6%) servicios de control han concluido, mientras que otros 1,115 aún se encuentran en proceso (14.4%).
La entidad también precisó que los ciudadanos pueden buscar directamente a los funcionarios o servidores a los que se les ha identificado por presunta responsabilidad en los informes de control posterior. Ello lo pueden realizar ingresando al Velocímetro de Control, disponible en su página web.
Los ciudadanos también podrán acceder al 100% de los informes de control emitidos hasta la fecha a través de la app “Buscador de Informe de Servicios de Control”. En esta también se podrá realizar consultas sobre los funcionarios y servidores involucrados en los informes. Solo deben colocar el nombre completo y número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la persona en cuestión.
CONTRALORÍA CONCLUYE QUE 4 GERENTES DE PETROPERÚ FAVORECIERON A EMPRESA EN LICITACIÓN
La Contraloría General de la República realizó una auditoría en Petroperú y concluyó que cuatro de sus altos funcionarios organizaron un proceso de adquisición de biodiésel B100, valorizado en $74,4 millones de dólares, para favorecer expresamente a la compañía nacional Heaven Petroleum Operators S. A. (HPO).
Entre ellos se señala al exgerente general, Hugo Chávez Arévalo; el exgerente de la Cadena de Suministros, Muslaim Abusada Sumar; el exgerente del Departamento de Distribución, Gunther Document Celis; y el exgerente del Departamento de Compras de Hidrocarburos, Roger Liy Lion. Los cuatro habrían conspirado para que el proceso beneficiara específicamente a HPO.
Se recuerda que compañía en cuestión pertenece al empresario Samir Abudayeh Giha, quien ya estaba en la mira de la justicia por ganar una licitación del Estado tras una reunión en Palacio de Gobierno.
El informe de la entidad destacó que esta compra se concretó luego de que Hugo Chávez Arévalo, Samir Abudayeh y el experto en palma espino, Gregorio Sáenz Moya, se reunieran con el presidente Pedro Castillo. Sáenz Moya también trabajó como asesor de Chávez, lo cual explicaría su participación en dichas reuniones.
Hugo Chávez ya había renunciado a su puesto el pasado 20 de marzo, señalando deficiencias técnicas y administrativas. Sin embargo, la Contraloría continuó con las investigaciones y encontró responsabilidad penal en los cuatro exfuncionarios. También encontró incumbencia administrativa en el exgerente ambiental, Juan Gallarday Pretto.
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