La liberación de los asesinos confesos de Solsiret Rodríguez ha provocado gran suspicacia por parte de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que realizó una “visita extraordinaria” en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao al considerar que, posiblemente, han cometido hechos irregulares en este caso.
A través de un comunicado, la OCMA expresó que se encuentra en la tarea de recolectar “elementos que coadyuven al esclarecimiento de los hechos denunciados en medios periodísticos sobre una probable liberación irregular” de Kevin Alexander Villanueva Castillo y Andrea Regina Aguirre Concha.
“El equipo contralor comisionado viene verificando, además, el cumplimiento de los deberes y obligaciones del juez a cargo, así como del personal que labora en el citado órgano jurisdiccional de la Corte del Callao”, señaló la OCMA en sus redes sociales.
“La OCMA, en caso que detecte indicios de presuntas irregularidades funcionales, de acuerdo a sus prerrogativas, tomará las acciones correspondientes”, agregó.
RESPONSABILIDAD DEL PODER JUDICIAL
Esta la mañana de hoy, miércoles 18 de mayo, el fiscal provincial Jimmy Mansilla Castañeda, quien estuvo a cargo del caso desde el 2019, expresó su preocupación por los largos plazos que se tomó el Poder Judicial antes de realizar el juicio oral contra los confesos homicidas.
“El Ministerio Público pidió en audiencias -21 y 27 de abril- celeridad a este caso y que se fijen fechas continuas y con más horas. Está en audios esa audiencia donde yo indico eso y la respuesta fue que era responsabilidad del Ministerio Público y que yo debía actuar lo más pronto posible esas pruebas en las horas que me dieron”, añadió.
Mansilla recordó que tuvo que pasar un mes y 17 días para que el Poder Judicial fije una audiencia de control de acusación y se tardó otro mes para fijar la fecha del juicio oral. Señaló que estos plazos “son muy importantes” para el debido proceso y no se den situaciones como la actual, que se cumplen los plazos de prisión preventiva y los asesinos son liberados.
El fiscal agregó que el Ministerio Público cumplió con la investigación y en solicitar el plazo de la prisión preventiva -aproximadamente cinco meses- contra los confesos homicidas desde que se emitió la acusación; pero que la demora es responsabilidad del Poder Judicial.
Precisó también que el caso del asesinato de Solsiret Rodríguez, por su complejidad, “merece una atención especial” y reiteró que el delito de feminicidio es el que se imputa a Andrea Aguirre y con el cual es espera obtener, por primera vez, una sentencia contra una mujer por este delito.
“Estamos postulando un feminicidio contra Andrea Aguirre y contra el acusado Kevin Villanueva. Esta es la postulación del Ministerio Público y también el homicidio agravado, así también por encubrimiento real agravado respecto de la suegra de Solsiret y el conviviente”, explicó el representante de esta entidad del Estado.
Asimismo, Mansilla Castañeda que se están tomando todas las acciones pertinentes “para que estos hechos fácticos se demuestren totalmente”.
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