Defensoría del Pueblo: Caso Solsiret demuestra falencias estructurales en el sistema judicial

El anuncio de la liberación de Andrea Aguirre Concha y Kevin Villanueva Castillo, presuntos coautores del delito de homicidio calificado en agravio de la joven madre y activista Solsiret Rodríguez Aybar, por exceso de carcelería, y la falta de una condena ha sido cuestionado por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento público llamó la atención por la ausencia de diligencia, desde el inicio mismo de la denuncia, y las demoras en el proceso que han originado esta situación.

Para la Defensoría, este hecho “refleja las falencias estructurales del sistema de justicia ante hechos de violencia de género”.

Según indicaron, el caso Solsiret presentó retrasos desde la recepción de la denuncia por desaparición, ya que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao no recibió la denuncia hecha por el padre de la víctima, apelando a estereotipos de género.

“Esta situación es inaceptable, ya que, como se ha advertido, las primeras horas en que está desaparecida la víctima son claves para poder ubicarla con vida, previo a un posible hecho de violencia conexo”, indicaron.

Por eso iniciaron un proceso contra el suboficial Pío Dante Pastor Bocángel por inacción de funciones, el cual ha sido seguido por la Defensoría del Pueblo.

“Sin embargo, a la fecha, el caso se encuentra en peligro de ser archivado en el fuero militar-policial, lo cual sentaría un precedente de impunidad frente a este tipo de deficiencias en la Policía Nacional del Perú (PNP)”, alertó la Defensoría.

La Defensoría recordó que la ubicación del cuerpo demoró tres años y medio, a partir de lo cual se inició el proceso para sancionar a los presuntos responsables, el cual se dilató porque las dos primeras fiscales no realizaron ninguna diligencia.

Es el tercer fiscal a cargo el que solicitó y recibió apoyo logístico para desarrollar su labor, aunque las demoras impactaron en la recaudación eficiente de las pruebas del caso, continuó la entidad.

“Así, el juicio oral inició el 4 de marzo de este año, programándose solo 8 sesiones hasta junio, pese a los pedidos de que se realicen audiencias más frecuentes para agilizar el proceso. A ello, se sumó lo informado por el Poder Judicial (PJ), que señaló que el Ministerio Público presentó la acusación virtual sin elementos de convicción”, mencionó la institución.

Por ello, a pesar de las ampliaciones, se venció el plazo de prisión preventiva para los acusados (25 meses en total), lo cual trajo como consecuencia la decisión de excarcelación, previo pago de 60,000 soles de caución y cumplimiento de medidas de comparecencia.

La Defensoría del Pueblo planteó que, ante la liberación de los acusados, “la fiscalía debería solicitar al PJ la aprobación de impedimento de salida del país, para garantizar la presencia de los investigados en las sesiones y evitar la fuga e impunidad”.

“El caso emblemático de Solsiret Rodríguez refleja el problema estructural que enfrenta el Sistema de Justicia, y que vienen sufriendo otras víctimas de violencia de género”, resaltaron.

“Desde la recepción de la denuncia hasta el desarrollo de los procesos penales, se advierte la necesidad de un tratamiento de los casos con enfoque de género y celeridad que permita una atención efectiva y un adecuado acceso a justicia, que evite la impunidad”, añadieron.

La institución indicó que “seguirá supervisando este y otros casos en donde se evidencien los problemas que afectan los derechos de las mujeres”.

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